Por: Víctor G. Ricardo*

Colombia tiene una oportunidad. Consolidarla dependerá de que todas las ramas del poder público cumplan su deber. Colombia vive hoy un clima de esperanza y confianza. Después de años difíciles, marcados por la violencia, la corrupción, el narcotráfico, la extorsión y el secuestro, comienza a sentirse la expectativa de que el Estado vuelva a ejercer con firmeza y sin complejos su obligación fundamental: proteger a los ciudadanos y hacer cumplir la Constitución y la Ley. 

La guerra contra quienes están por fuera del Estado de Derecho debe ser clara y contundente. Extorsionistas, secuestradores, asesinos, organizaciones dedicadas al narcotráfico y todos aquellos que desafíen el Estado deben entender que Colombia no puede convertirse en territorio de impunidad. La autoridad legítima del Estado debe estar presente en las ciudades, en los campos y hasta en los lugares más apartados del territorio nacional.

Pero la acción de la Fuerza Pública, por necesaria que sea, no puede terminar en una captura. Allí comienza otra responsabilidad igualmente importante: la de la justicia.

El Ejecutivo, a través de la Policía y de los organismos de seguridad, debe investigar, capturar y poner a disposición de las autoridades judiciales a quienes sean señalados de cometer delitos. Y la justicia debe responder con celeridad, transparencia, independencia y respeto absoluto por el debido proceso. La unión efectiva de las ramas del poder público, incluido el Congreso de la Republica ajustando las leyes si es necesario, es indispensable para que la lucha contra el crimen produzca resultados reales.

Colombia también ha vivido tiempos en los que la corrupción llegó a convertirse en una amenaza profunda para la confianza ciudadana. Funcionarios y particulares que, aprovechándose de sus posiciones o de contratos y recursos públicos, buscaron el lucro personal por encima de los intereses del Estado, deben responder ante la justicia cuando existan pruebas de sus actuaciones ilícitas.

La corrupción no puede ser considerada un delito menor. Cada peso que se desvía de las arcas públicas es un recurso que deja de llegar a un hospital, a una escuela, a una carretera, a la seguridad de una comunidad o a una familia que espera mejores oportunidades. Por eso, combatirla con eficacia debe ser una prioridad nacional.

El verdadero éxito de esta nueva etapa no estará solamente en cuántas personas sean capturadas, sino en que quienes resulten responsables, después de procesos judiciales con las debidas garantías, reciban las sanciones severas correspondientes. La impunidad alimenta el delito; una justicia oportuna y transparente ayuda a prevenirlo.

Y esta recuperación del orden institucional tendrá también consecuencias económicas. No puede existir inversión sólida, nacional o extranjera, sin seguridad ciudadana y sin seguridad jurídica. El capital necesita reglas claras, instituciones confiables y la certeza de que los contratos y las decisiones judiciales serán respetados.

Estamos, entonces, ante la posibilidad de un nuevo amanecer. Pero la esperanza, por sí sola, no es suficiente. Hay que convertirla en resultados.

El mundo estará observando a Colombia y, con él, millones de colombianos que esperan que los anuncios se transformen en hechos. Que los violentos, los narcotraficantes y los corruptos que sean encontrados responsables paguen por sus acciones dentro de la ley. Y que las consecuencias de esos actos sean tan claras que quienes hoy puedan sentirse tentados a seguir ese camino comprendan que el país ha cambiado.

Colombia tiene una oportunidad. Consolidarla dependerá de que todas las ramas del poder público cumplan su deber, cada una dentro de sus competencias, y de que la ley vuelva a ser una garantía para el ciudadano y un límite infranqueable para quien pretenda desafiarla.

Ese es el nuevo amanecer que el país espera y que ve esperanzado en el nuevo gobierno. Ahora por tanto corresponde convertir la esperanza en realidad.

Abogado. Escritor. Columnista. Conferencista. Ex Ministro. Ex Embajador.