Por: Miguel Enrique Bayter Bayter*

Colombia ha reaparecido en los tableros internacionales de crisis alimentaria bajo una señal que ninguna nación seria debería observar con indiferencia: 6,6 millones de personas padecen condiciones críticas de acceso a alimentos. No se trata de un dato estadístico sin importancia, es, sencillamente, la constatación de que una porción considerable del país vive bajo una precariedad tan persistente que la comida, acto elemental de la existencia, se ha convertido en incertidumbre cotidiana.

Como suele ocurrir en tiempos dominados por la polarización, la discusión se desplazó hacia el símbolo y no hacia la sustancia. El color rojo con el que Colombia aparece en el mapa global fue leído por algunos como una exageración técnica y por otros como prueba definitiva de la aproximación a una ruina nacional. Ambas interpretaciones resultan insuficientes; lo verdaderamente importante no es la tonalidad cartográfica, sino las razones por las cuales millones de personas no logran asegurarse una alimentación suficiente, estable y nutritiva.

Conviene entonces ser rigurosos en el análisis, precisando el alcance de conceptos de singular importancia para evitar caer en conclusiones guiadas por disquisiciones ideológicas polarizantes que nos apartan de una eventual solución eficaz del problema. El hambre, en su acepción más estricta, describe la carencia sostenida de calorías indispensables para la supervivencia. La inseguridad alimentaria designa una realidad más extensa, hogares que comen, sí, pero lo hacen peor de lo necesario; familias que sacrifican salud o educación para poder abastecer la despensa; niños cuya dieta llena el estómago mientras vacía el desarrollo; trabajadores que convierten cada compra en una maniobra de supervivencia.

Ese deterioro rara vez aparece de una manera súbita; por el contrario, avanza lenta y discretamente. Una madre que reduce sus porciones para alimentar a sus hijos, un anciano que raciona una pensión insuficiente, un campesino que vende herramientas para comprar arroz, un jornalero que sustituye proteína por carbohidratos baratos. Nada de ello suele abrir titulares de prensa; sin embargo, todo ello compromete el futuro de una nación.

En Colombia, además, la crisis tiene una geografía reconocible. Se concentra allí donde el Estado ha brillado por su lamentable ausencia; en la periferia rural, en regiones aisladas, en los corredores de economías ilícitas, en aquellas zonas marcadas por el desplazamiento y en departamentos sometidos a violencias sucesivas. Allí comer depende no solo del ingreso, sino del estado de las vías, del precio del transporte, de la presencia de grupos armados, de la regularidad climática o de la llegada intermitente de asistencia pública.

El conflicto continúa siendo una máquina eficaz de empobrecimiento. Donde una comunidad es desplazada, se destruyen economías familiares enteras; donde la extorsión a los comerciantes domina, se encarece el mercado local; donde prevalece y reina el miedo, se paraliza el comercio. Las armas no solo ocupan territorios, también vacían las mesas de los ciudadanos.

El clima tampoco concede tregua; los efectos del fenómeno de El Niño 2023-2024 golpearon cosechas, disponibilidad hídrica y productividad agrícola. En muchas economías rurales, una sequía no representa simplemente una mala temporada, significa deuda impagable, venta de activos, abandono de parcelas y reducción inmediata del consumo alimentario.

Se ha insistido, con razón parcial, en que Colombia no enfrenta una hambruna comparable a la de países devastados por guerras totales; es cierto; pero, también lo es que los mapas globales suelen ordenar por cifras absolutas y no únicamente por proporciones, lo que modifica ciertas comparaciones.

Colombia ocupa el primer lugar en América Latina, con 6,6 millones de personas en crisis alimentaria y la posición 11 a nivel mundial, ubicándose en la misma franja en la que se encuentran países donde la guerra y el colapso institucional han devastado por completo los mecanismos de producción y distribución de alimentos.

Esa ubicación, sin embargo, exige una lectura cuidadosa. El mapa asigna a Colombia la misma tonalidad que reciben naciones como Yemen, con alrededor del 52%; o Sudán del Sur, que ronda el 53%. La coincidencia cromática puede sugerir equivalencias automáticas, pero la magnitud real de esos escenarios es de otra naturaleza, pues en esos países, años de conflicto armado, generan tal consecuencia.

Por ello, aunque Colombia aparezca en el mismo segmento visual del tablero global, equiparar sin matices su situación con la de países sometidos a semejante devastación sería una simplificación impropia. 

Sin embargo, utilizar esa diferencia como coartada sería igualmente erróneo. Que otros padezcan un desastre mayor no disminuye la gravedad de que millones de colombianos vivan bajo inseguridad alimentaria severa. El sufrimiento ajeno no exonera la responsabilidad propia.

En ese contexto apareció la respuesta del presidente Gustavo Petro, quien sostuvo que durante su gobierno el hambre ha disminuido y que lo reflejado por estos instrumentos corresponde, sobre todo, a riesgos derivados de la crisis climática y de los conflictos violentos. Añadió como argumento la reducción de ciertos indicadores de mortalidad infantil por desnutrición.

Su intervención contiene una parte atendible y otra insuficiente. Es atendible recordar que la inseguridad alimentaria no equivale mecánicamente a hambruna presente y que variables como el clima o la violencia tienen un peso objetivo en la explicación del fenómeno. Sería intelectualmente deshonesto negarlo; en amplias regiones del país, la violencia territorial y los eventos extremos condicionan de manera directa la producción, el transporte y el acceso a los alimentos.

Pero la insuficiencia aparece cuando esos factores externos son presentados como si agotaran la explicación. Gobernar consiste precisamente en administrar adversidades, no en enumerarlas. Si el conflicto persiste, corresponde fortalecer la presencia institucional; si el clima golpea, corresponde anticipar con infraestructura, crédito rural y prevención; si millones siguen siendo vulnerables, corresponde robustecer redes de protección social. Señalar causas estructurales puede ser exacto; convertirlas en eximente político resulta menos convincente.

La apelación a mejoras parciales, como la reducción de mortalidad infantil, merece reconocimiento si está respaldada por evidencia. Pero ningún avance sectorial cancela la existencia de 6,6 millones de personas en situación crítica. Disminuir un indicador específico no equivale a resolver la estructura general del problema. 

Tal vez el peligro mayor no resida únicamente en la cifra, sino en la costumbre. Las sociedades no se derrumban de golpe; se van deteriorando gradualmente. Primero acepta la existencia de regiones olvidadas; después tolera que millones dependan de ayudas intermitentes; finalmente deja de escandalizarse ante la idea de que alimentarse bien sea un privilegio y no una garantía básica.

Colombia no se encuentra ante una catástrofe terminal, pero sí frente a una advertencia severa; no obstante, las advertencias no pueden ser ignoradas so pena de transformarse en hechos consumados. Ninguna nación puede llamarse próspera mientras una parte sustancial de su población vive pendiente de la próxima comida. 

*Abogado. Escritor. Analista. Columnista