Por: Miguel Enrique Bayter Bayter*

Entre las ruinas del discurso oficial, entre los jirones de una patria maltrecha que se obstina en llamarse república, emerge, como un espectro vengativo, la realidad que tanto se empeñaron en sepultar bajo montañas de retórica: las FARC, renombradas, recicladas, pero jamás redimidas, no sólo no desaparecieron, sino que han vuelto a reclamar, con fuego y plomo, su lugar en la geografía de la ignominia.

Y lo hacen al amparo de una era en que la debilidad se disfraza de bondad, la cobardía se maquilla de paz, y la complicidad con el crimen se erige como política de Estado. La “Paz Total” no ha sido otra cosa que la rendición total, una genuflexión obscena del Estado ante las fuerzas que lo devoran desde sus márgenes, como hienas hambrientas que olfatean la descomposición institucional.

El país aparece como territorio en disputa… entre la ley y la nada

La ofensiva sangrienta que ha teñido de luto a Guaviare, Cauca, el Bajo Putumayo y Cali no constituye una anomalía ni una “crisis puntual”. Es, más bien, el síntoma visible de una patología profunda: el colapso progresivo del monopolio de la fuerza legítima en manos del Estado. El Leviatán ha sido desmembrado y lo que queda es un espantajo de papel, un Estado que balbucea comunicados mientras las disidencias imponen su ley con la lógica brutal de los fusiles.

Helicópteros abatidos por fuego insurgente, militares secuestrados como botín de guerra, civiles aterrorizados por atentados que recuerdan la era más oscura de nuestro pasado reciente. Y mientras tanto, desde el Palacio de Nariño, el supremo pontífice del progresismo latinoamericano reparte indulgencias a los violentos, como si la historia fuera una asamblea estudiantil donde bastara el “diálogo” para exorcizar la barbarie.

Nunca antes había sido tan letal la combinación de voluntarismo ideológico y analfabetismo histórico. El presidente Petro, exguerrillero devenido en predicador del posconflicto, parece creer que los grupos armados pueden ser transformados por la magia del discurso. Como si los fusiles pudieran ser derretidos en talleres de poesía; como si el narcotráfico, ese cáncer metastásico que financia la maquinaria bélica de las disidencias, se evaporara al conjuro de alguna cumbre en La Habana. Hoy, desde la presidencia, se confecciona una nueva y nefasta teología, la de la claudicación

Petro predica una teología política en la que la violencia estructural del Estado debe ser expiada con la humillación del Ejército, y donde los criminales de ayer se convierten, por gracia ejecutiva, en “actores políticos en transición”. Es una visión patéticamente romántica, peligrosamente inmadura, y profundamente ofensiva con las víctimas del conflicto.

Lo que se ha fraguado en Colombia no es un proceso de paz, sino un proceso de impunidad. Un concierto para delincuentes con dirección orquestal desde el Ejecutivo. Aquí no hay reconciliación, sino redistribución territorial a favor de las mafias. No hay transición, sino transacción. Y la cuenta, por supuesto, la paga el pueblo colombiano, con sangre, con desplazamientos, con miedo.

Se ha instaurado una ética invertida donde el héroe es criminalizado, el criminal es redimido, y el ciudadano es apenas un espectador impotente del colapso moral del país. La justicia ha sido pervertida en nombre de una equidad mal entendida, y la paz se ha convertido en un eufemismo cínico para justificar la rendición del Estado.

Colombia sufre de una dolencia peor que el conflicto: la amnesia moral, el olvido como política pública. Se nos ha enseñado a olvidar que las FARC fueron, durante más de medio siglo, verdugos de campesinos, secuestradores de civiles, traficantes de cocaína, reclutadores de menores. Hoy, ese prontuario es borrado con un trapo blanco ondeado desde las instituciones.

El relato oficial, dictado desde ONGs, cátedras universitarias y despachos ministeriales, pretende convencernos de que los bárbaros pueden ser domesticados, que la selva puede ser civilizada con pedagogía, y que todo aquel que reclame la restauración del orden debe ser tachado de retrógrado, fascista o nostálgico del uribismo.

Pero mientras el país se auto convence de su superioridad moral, los violentos avanzan; porque ellos no tienen dilemas éticos ni necesitan narrativas; les basta con el fusil, el dinero del narcotráfico y la certeza de que nadie se atreverá a detenerlos.

En este escenario dantesco, cabe preguntarse si no hemos llegado ya al umbral del Estado fallido. Un Estado que no protege, que no castiga, que no disuade, que no manda. Un Estado que abdica de su rol soberano y que se regocija en su debilidad, como si esta fuera una virtud y no una sentencia.

Incluso, en medio de esta debacle moral e institucional, queda la palabra, esa última trinchera del pensamiento libre. Que sirva, al menos, para denunciar la impostura, para nombrar lo innombrable, para no caer en la complicidad del silencio. Porque si algo queda en pie en esta patria acorralada por el cinismo, es el deber de decir la verdad, aunque duela. O mejor dicho: precisamente porque duele. 

*Abogado. Analista. Escritor Columnista