Por: Santiago Flórez Gómez*
En Colombia la frontera agrícola está ahí, disponible y con agua, pero no existe un mercado de tierras dinámico que permita a los inversionistas acceder a grandes extensiones de tierra con seguridad jurídica y buena conectividad a los centros urbanos. Eso explica las 43 millones de hectáreas aptas para la agricultura, pero menos de 8 millones con cultivos. El resultado: un campo estancado, una agroindustria que no despega del todo y oportunidades perdidas.
Observemos, por ejemplo, el caso del maíz amarillo. Somos grandes importadores de este, a pesar de tener 13 millones de hectáreas con aptitud alta o media para su cultivo, según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra). Esto, debido a que es prácticamente imposible encontrar 10 mil hectáreas continuas, bien conectadas y con certeza jurídica a un precio viable para desarrollar un proyecto agroindustrial de cereales.
Y no es solo maíz. A comienzos de 2024, inversionistas españoles querían impulsar un proyecto forestal de a producción de pellets de biomasa en la región Caribe. Buscaban entre 3.500 y 4.500 hectáreas y, en su primera fase exploratoria, no llegaron ni a 1.000. Este tipo de historias se repite una y otra vez.
Otro ejemplo es el de Cargill, una multinacional estadounidense dedicada a la agroindustria que, en 2013, aspiraba a desarrollar alrededor de 50.000 hectáreas en Primavera, Vichada, para soya y maíz. También está el caso de un grupo inversor Israelí, que entre 2010 y 2011 esperaba desarrollar 110.000 hectáreas de caña de azúcar para bioetanol en Pivijay, Magdalena. Estos ejemplos dan cuenta de una situación que viene de años atrás y no la corrigen. Está comprobado que por la seguridad jurídica, se han frustrado grandes proyectos, limitaciones que se dan —en gran parte— por un marco jurídico que tiene la intención de proteger al pequeño campesino. Pensemos en campesino de La Primavera o de Pivijay y de municipios aledaños. ¿Cómo estaría mejor?, ¿tratando de sobrevivir con su minifundio, o trabajando de manera formal en alguno de estos proyectos agroindustriales?
Recordemos que los ingresos por actividades agrícolas están entre el 70% y el 80% del salario mínimo, según la Geih del Dane. Lo anterior, sin ningún tipo de prestaciones sociales. En Colombia hay suficiente tierra para la agricultura familiar y la agroindustria. Ninguna de las dos está desplegando todo su potencial. El problema de fondo es que el mercado de tierras es incipiente. La Ley 160 de 1994, que en su momento buscó proteger los baldíos y asegurar que no hubiera acaparamiento de la tierra, sin quererlo, terminó siendo un obstáculo para la agroindustria. Esa ley se creó cuando no estaba en el radar el potencial de la Altillanura, y cuando no existían las tecnologías de georreferenciación que se usan en la actualidad. Debe actualizarse, pues hoy dificulta acceder a grandes extensiones de tierra a precios razonables, justo lo que se necesita para que el agro colombiano despegue.
La solución no es compleja. Primero, debemos organizar la casa: hacer un inventario claro de los baldíos —dónde están, de qué tamaño son y en qué condiciones—. Luego, arrendarlos por períodos de 20 años, brindando seguridad jurídica a quienes quieran invertir. Con esos recursos, el Estado podría comprar tierras bien conectadas a centros urbanos para destinarlas a la agricultura familiar, fortaleciendo así la equidad en el acceso a la tierra. También hay que hablar del catastro multipropósito, que es fundamental para dinamizar el mercado de tierras y dar transparencia sobre la propiedad rural. No podemos seguir permitiendo que en Colombia un terrateniente pague menos predial que una familia de clase media alta en Bogotá. Si ajustamos el predial, los grandes propietarios tienen tres caminos: poner a producir la tierra, arrendarla o venderla. Esto se traduce en darle dinamismo al mercado de tierras.
Es hora de dejar de perder oportunidades. Necesitamos un marco jurídico moderno, de lo contrario, seguiremos viendo cómo otros países siembran el maíz y la soya que nosotros importamos. La respuesta está en nuestras manos. Empecemos por actualizar la ley 160 y así, liberar el potencial del campo colombiano. Es hora de cambiar para avanzar.
*Consultor independiente para organismos multilaterales sectores público y privado. Politólogo. Master en Economía Internacional.
