Por: Saúl Alfonso Herrera Henríquez*
Una persona, indican los expertos, se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requieren para la satisfacción de sus necesidades alimentarias y no alimentarias, y además tener al menos una carencia social dentro de indicadores tales como el rezago educativo, servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda y la alimentación.
Entre las explicaciones que economistas y especialistas de la materia atribuyen a los efectos para hacer positivo el combate a la pobreza, registran la necesidad de aumentar el salario mínimo, establecer políticas públicas de reparto de programas sociales asistenciales. En cuanto a lo opuesto, vale decir lo negativo, reportan que, tratándose de pobreza extrema, cuya clasificación comprende a aquellas personas que disponen de un ingreso tan bajo que aun si se dedicaran por completo a tratar de adquirir alimentos no podrían obtener los nutrientes para una vida sana, tampoco servicios de salud indispensables, educación primaria ni media superior completa; lo que indica un rezago educativo, que es de por sí lamentable situación.
Requerimos en todo caso, mayor inversión para financiar una mejor educación que permita que las personas no abandonen de manera definitiva su instrucción por no poder cubrir los niveles de suficiencia económica. Nada contribuye más a sacar de la pobreza a una persona, que recibir una educación de calidad, puesto que un país con una pobre educación tendrá necesariamente un futuro incierto; pero si invierte lo suficiente en ciencia, tecnología e innovación estará sujeto a los avances de otras naciones para subsistir en el mundo de hoy.
La falta de una buena educación traduce pobreza, situación que se afianza y bueno es recabarlo, cuando una persona no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social (salud, educación, vivienda, medioambiente sano, trabajo seguridad y no discriminación), aunado a que sus ingresos sean insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiera para satisfacer sus necesidades.
Se suma a lo cual, y así lo señalan instituciones internacionales de universal reconocimiento como el Banco Mundial, que los países con más bajos recursos son los que destinan menos porcentajes de sus presupuestos a las personas desfavorecidas, ya que sólo destinan –en promedio– 3% de su gasto total en protección social; mientras que los países en desarrollo registran un gasto de 26% y los países desarrollados 40%, en promedio.
Innegable será siempre que la apuesta correcta para la superación de la pobreza y el desarrollo de una nación debe ser la educación. Un mayor gasto en el rubro del desarrollo social focalizado a los programas asistenciales ayuda a mejorar las condiciones de las personas que las reciben; pero no saldrán nunca de la pobreza si no reciben la educación suficiente que les permita acceder a empleos bien remunerados y a la protección de la seguridad social. Por ello, no debe nunca quitarse el dedo en el renglón e insistir en que la educación ya no debe ser considerada como derecho social, sino como un derecho humano de carácter fundamental, cuya progresividad presupuestaria esté garantizada, de ahí que se haya dicho que, si creemos que la educación es cara, probemos entonces con la ignorancia, a ver cómo nos va.
*Abogado. Especializado en Gestión Pública. Derecho Administrativo y Contractual. saulherrera.h@gmail.com
