Por: Rafael Robles Solano*
Al abordar este complejo y controversial tema, advierto que me asaltan serias las dudas sobre la pertinencia, validez y eventuales logros que estos voceros, mal denominados como Gestores de Paz, puedan aportar y conseguir como facilitadores de los procesos de paz que inició el gobierno, cuando sus designaciones constituyen para sus múltiples víctimas, una afrenta más, que desconoce sus padecimientos y humillaciones, al librarlos prematuramente de sus responsabilidades penales y de las reparaciones a las que sus víctimas creen tener derecho dentro de los procesos de justicia y reparación integral, pues en mi parecer, estos personajes debieran tener otros calificativos, que sean menos dolorosos y reprochables para sus víctimas, por ejemplo, llamarlos facilitadores de verdad y/o reparación.
Pero al margen de éste análisis, es de esperar que sus vinculaciones sirvan, siempre y cuando sus designaciones permitan que aporten a estos procesos las correspondientes pruebas de los hechos que manifiestan o dicen conocer, pues con sus declaraciones debidamente soportadas, pueden posibilitar que se vayan esclareciendo todas aquellas acciones, denuncias e investigaciones judiciales relacionadas directamente con los actores del conflicto armado, especialmente descubriendo a los financiadores e instigadores, determinadores o autores intelectuales de estos crímenes, por los infames y recurrentes actos de violencia en contra de poblaciones campesinas, tales como por las desapariciones, masacres, confinamientos y desplazamientos forzados, abusos sexuales, reclutamiento de menores, etc., porque sobre muchos de ellos, concurren señalamientos por autorías, acusaciones e imputaciones por denuncias que transgreden injustificadas violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
De otra parte, no podemos olvidar que estos hechos de violencia siguen ocurriendo actual y paralelamente con actos repudiables frente a la persecución y crímenes selectivos contra lideres sociales, que diariamente son secuestrados y asesinados a lo largo de pequeños pueblos y veredas de la Colombia rural.
Sobre las loables propuestas de paz impulsadas desde el gobierno, como la cuestionada Ley de Sometimiento, tan cuestionada por sus detractores, o las leyes alternas de Justicia y Paz, propuestas por otros legisladores comprometidos en allanar caminos para recuperar la convivencia y la reconciliación en los territorios nacionales, en las que concurren una serie de conflictos de todo tipo, que requieren ir siendo resueltas complementariamente por el gobierno, referidas a brindar mayores oportunidades para que los habitantes de los territorios de la Colombia profunda, dejen de estar abandonados por el Estado, situación que favorece la aparición de grupos subversivos, delincuenciales, de traficantes, contrabandistas, mineros y colonos que se aprovechan de esta situación, para imponer sus regímenes de abusos y terror entre sus desprotegidos pobladores.
En colaboraciones anteriores publicadas en esta misma tribuna, he dedicado reflexiones conceptuales bajo títulos como: LA PAZ TOTAL FRENTE A LA VIOLENCIA NACIONAL (noviembre 05/2022); ¿SON ESTERILES LAS PROPUESTAS DE RECONCILIACIÓN NACIONAL? (noviembre 26/2022) y SOBRE LAS DENUNCIAS DE MANCUSO (mayo 26/2023), donde expongo y analizo las grandes complejidades referidas a esos temas, como son los temores y dudas que concurren a sus eventuales logros, que además, siempre estarán sujetos al escrutinio y las controversias que con toda seguridad causarán sus aportes, de cara a los señalamientos que hagan en contra los determinadores y las empresas financiadoras de toda la violencia y masacres vividas con ocasión de las cruentas luchas entre insurgentes y paramilitares.
*Rafael Robles Solano. Secretario Ejecutivo LIDERESOCIAL lideresocial@hotmail.com
