Por: Rafael Robles Solano*
Con ocasión de la derogación de este discutido impuesto, que afectó a todos los usuarios del sistema financiero, debemos recordar que fue originado al amparo de la emergencia económica invocada por el Gobierno de Andrés Pastrana, para enfrentar la crisis financiera de esa época, el cual fue creado por Decreto 2331 de 1998, con una vigencia inicial de un año, pero que terminó perpetuándose en el tiempo, hasta el presente 2023.
Más allá de las críticas a favor y en contra de la existencia que tuvo este gravamen durante su permanencia, sorprende observar que su derogación haya pasado casi desapercibida por los medios de comunicación y la gran prensa nacional, porque si bien la divulgaron, no le dieron el despliegue informativo que quizás merecía.
En cualquier caso, aprovecho esta tribuna para hacer una breve reseña histórica de su contenido e implicaciones en estos cinco lustros, en los que fue sujeto de permanentes debates, especialmente cuando los gobernantes posteriores, resolvieron ampliar su cobertura inicial, que fue del 1 por mil, por 12 meses; en el año 2000, pasó al 2X1000 y después, en el mismo año, se incrementó al 3X1000, por la Ley 633, mientras que en el año 2003, se elevó al 4X1000, supuestamente de forma transitoria, por la Ley 863; y posteriormente pasó a ser permanente por Ley 1111 de 2006. En los gobiernos siguientes se hicieron regulaciones tendientes a su desmonte gradual, pero nunca se aplicaron, hasta llegar vigentes con el cuestionado cuatro por mil de nuestros días.
Resumiendo, tenemos que cuando nació, tenía como objetivo servir para enfrentar no solo las crisis financieras de aquella época y también apoyar las emergencias económicas resultantes, como lo fueron el terremoto de la zona cafetera del año 1999; con ella se fortaleció el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín).
Posteriormente este gravamen sirvió de pretexto para que el gobierno de Álvaro Uribe, lo subiera y utilizara para enfrentar el colapso causado por las famosas pirámides financieras; después le correspondió el turno al presidente Juan Manuel Santos, para enfrentar las crisis de la Ola invernal de 2011, que causó serios estragos sociales y económicos, como también la resultante de la crisis en la frontera con Venezuela en 2015, después le toco por la avalancha de Mocoa. El presidente Iván Duque y su gabinete decidieron activar el artículo 215 de la Constitución Política con el cual se declara la emergencia económica y social en el país con ocasión de la pandemia del Covid-19. Y ahora el presidente Petro recurre a la misma clase de medidas, para atender las graves crisis sociales de la Guajira.
Entonces la importancia de la derogación del cuatro por mil estriba en que se liberan la mayoría de las operaciones bancarias de los clientes, que sean inferiores a $14´844.000, los débitos, los depósitos y las carteras colectivas del sistema financiero, las realizadas por retiros en efectivo, por cheques ordinarios y de gerencia, talonarios, tarjetas débito y notas débito, traslados y cesión de recursos, etc. Y, además, facilita la bancarización de usuarios que eludían el sistema, por las repercusiones negativas sobre el bolsillo de las familias colombianas, como también propiciaban escenarios de corrupción y actividades ilegales, evasión fiscal, lavado de activos y otros delitos. Con esta clase de medidas el gobierno actual, continúa tratando de implementar las anunciadas reformas sociales, pese a la enconada desconfianza de sus detractores, de modo que solo resta desear que le vaya bien para beneficio de todos.
*Rafael Robles Solano. Secretario Ejecutivo LIDERESOCIAL. rafaelrobles12@hotmail.com
