Por: Rafael Robles Solano*
Al revisar las contingencias diarias que viene afrontando Petro, sorprende ver la ligereza con el cual los detractores del Mandatario aprovechan cada uno de sus concurrentes desaciertos o los de sus funcionarios, para hacer coros, y atacarlo sin tener en realidad mayores argumentos de fondo, que solo las frívolas trivialidades de costurero que se promueven desde la gran prensa y que, en la realidad, no alteran el devenir del Gobierno.
Es de conocimiento público que tanto la Procuradora y como el Fiscal, no pueden ocultar sus posturas personales en contra de la figura presidencial, especialmente éste último, quién con sus frecuentes y recurrentes enfrentamientos con Petro, evidencia no solo su animadversión personal contra él, sino que, además que está haciendo política al servicio de las extremas derechas que apoya, que lo respaldan y aplauden.
Con el presente titular pretendía analizar desde una óptica sencilla y didáctica, las graves implicaciones sociales que acarrean las desigualdades jurídicas resultantes en los privilegios judiciales y carcelarios de los que gozan en nuestro país los políticos y delincuentes de cuello blanco, como acabamos de ver con el cierre del pabellón para funcionarios públicos de la cárcel El Bosque de Barranquilla, confirmando el dicho de que: “la justicia es solo para los de ruana”.
Este es un tema que he venido postergando por causa de los acontecimientos políticos de actualidad, donde se juntan las frecuentes confrontaciones por declaraciones de parte y parte, unas, desatinadas por cuando confunden la independencia prevalente de los poderes institucionales, otras, sustentadas en que el Presidente, está en su derecho de defenderse, y las restantes, como bien sostiene éste, para cuestionar a aquellos que vienen socavando la solidez de los paridos afectos al gobierno, en lo que él mismo llama a que intentan someterlo con un golpe blando o suave, para propiciar y forzar su salida prematura de la presidencia.
Por las consideraciones expuestas, estimo pertinente por ahora referirme a las denuncias, por las repercusiones que conllevan salir de la impunidad judicial, la importancia y necesidad requerida para averiguar por los alcances de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, la justicia ordinaria, en especial los juzgados penales, la Procuraduría y la Super de Notariado y Registro, con el fin de ir conociendo los responsables de apoyar y financiar a los diferentes grupos de paramilitares que azotaron gran parte de la geografía nacional y que subsisten hasta nuestros días, gracias a la impunidad reinante, por la carencia de resultados específicos, en particular aquellas que competen a la Fiscalía General de la Nación, que las tiene injustificada y totalmente represadas por aparentes intereses en proteger a sus implicados en casos tan delicados como son por solo citar algunas, las delicadas denuncias contra Álvaro Uribe Vélez y sus familiares, por ejemplo, el reciente fallo con el que se ordena a la Fiscalía, investigarlo por soborno de testigos y fraude procesal, pero que ésta apeló e insiste en pedir se precluya su caso; indagar por sus vínculos con las convivir y sus nexos con Mancuso, don Berna, los hermanos Carlos, Fidel y Vicente Castaño, Jorge 40, Ramon Isaza, el Tuso Sierra, Macaco y un nutrido grupo de siniestros personajes, autores de múltiples masacres; las de su hermano Santiago, por los 12 apóstoles; las de Oscar Iván Zuluaga, por dineros no declarados en su campaña; las muertes de Jorge Enrique Pizano e hijo por Odebrecht; y toda una serie de innumerables denuncias por chuzadas ilegales, sobornos, corrupción, compra de testigos, fraudes procesales, celebración indebida de contratos, concierto para delinquir, falsas desmovilizaciones como la del Cacique Nutibara, falsos positivos, etc.
*Rafael Robles Solano, Secretario Ejecutivo LIDERESOCIAL. rafaelrobles12@hotmail.com
TEMA ENLAZADO: DE LAS DESIGUALDADES JURÍDICAS A LAS SOCIALES (II)
