Por: Ec. Esp. Omar Escobar
Además de la polarización entre derecha e izquierda, en teoría económica existe un gran debate sobre la forma como el Estado debe intervenir en la economía. Incluso, para los neoliberales, los criterios de mercado están por encima de los criterios macroeconómicos de control de inflación. Para otros el grado de intervención es discrecional o regulado. La primera, da flexibilidad y permite aplazar decisiones impopulares, mientras las reguladas por leyes son más inflexibles, pero otorgan mayor certidumbre a la ciudadanía y a los mercados. En ese orden el artículo 69 de la Ley 1151 creó el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) con la idea de evitar cambios abruptos en los precios internos de gasolina a consecuencia de las fluctuaciones de los precios de combustibles en el exterior y de no lograrse el gobierno liquidaría saldos y pagaría la deuda al fondo.
El mecanismo se basa en un precio interno y uno de referencia internacional. Cuando el precio interno está por encima del internacional, el fondo debe ahorrar (declarado inconstitucional), y cuando el precio interno este por debajo del internacional, este acumulará recursos. Es decir, cuando los precios internacionales del petróleo y sus derivados suben, el fondo utiliza los recursos para subsidiar los precios internos del combustible. Cuando los precios internacionales del petróleo caen, el FECP, acumula recursos para mantener estables los precios internos del combustible, así se evita que los consumidores tengan que pagar precios altos en momentos de bonanza petrolera… Lamentablemente el fondo, desde su fundación, ha ido permanentemente en déficit, y quien paga el déficit, es el pueblo.
Es evidente que el FEPC tiene serios problemas de diseño y necesita cambios urgentes. El FEPC y el precio de la gasolina se ven afectado por factores internacionales, como la guerra en Ucrania y el proceso de reactivación mundial después de la pandemia que presionó el aumentó los precios energéticos. Hoy el problema central consiste en la insostenibilidad fiscal del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que llevó en el primer periodo del sr Uribe (2002-2006) a un incremento de la gasolina del $2034 a $4.880 o 140% de incremento, luego en el primer periodo del gobierno de Santos a un incremento del 40% y en el gobierno de Duque del 52%. Con todo esto, según estimaciones del Comité Consultivo de la Regla Fiscal, el FEPC acumuló un déficit de 34 billones al cierre de 2022, por lo que al gobierno tendrá que pagar el costo político del ajuste puesto que el gobierno de Duque no realizó los ajustes mensuales de precios como lo indicaba la metodología, y con esto se creció la bomba fiscal que heredó este gobierno. Es decir, la falta de rigor en aplicar la fórmula por parte del ministro de Minas es gran parte del problema, por el costo político elevado que conlleva un aumento “discrecional” del precio de la gasolina.
El FEPC dejó de ser un mecanismo de estabilización y se convirtió en un controlador de precios, a través de subsidios, que llevó a un problema fiscal. Por tanto, este gobierno tiene la opción de ajustar los precios de los combustibles a costa de desfinanciar otros sectores para cubrir el déficit del FEPC, en el largo plazo. Un ajuste de precios paulatinos puede retomar la función real del FEPC que es la estabilización macroeconómica y no de controlar precios a través de subsidios. Así las cosas, la política de corrección de precios de gasolina es correcta, siempre que esté en el marco de la sostenibilidad ambiental y transformación energética abanderados por el gobierno actual.
