Por: Rafael Robles Solano*
A propósito de las declaraciones de Salvatore Mancuso, cuyo nombre no hace honor a su significado, porque de “salvador”, no tuvo nada. Así las cosas, resolví dejar pasar algunas semanas, aguardando a que las aguas se calmaran, y que las autoridades, junto a los medios de comunicación, se pronunciaran e hicieran juiciosos seguimientos a los trágicos relatos testimoniales de tan siniestro personaje, autor de crímenes de lesa humanidad.
Pero con suma preocupación observo como pareciera que todos aquellos relacionados e interesados con semejantes crímenes de lesa humanidad, estuvieran tendiendo un solidario manto de connivencia, para desestimar, minimizar y deslegitimizar alcance de semejante tragedia que enlutó a millares de hogares colombianos. Porque la mayoría de sus víctimas, fueron especialmente jóvenes inocentes, que tuvieron la mala hora de cruzarse con cualquiera de las múltiples bandas de facinerosos asesinos en caminos y veredas, como de aquellas familias cuyos padres, hijos(as), hermanos(as), mujeres, hombres, niños y niñas, adolescentes, adultos mayores, indígenas, negros, palenqueros, raizales y gitanos, predominantemente de origen campesino y rural, fueron torturados, violados y ejecutados miserable y alevosamente en las pequeñas poblaciones rurales, que fueron escenarios de sus teatros de operaciones, o mejor, de las centenares de masacres, destinadas a fomentar no solo el terror de los confinamientos, sino el desalojo y el destierro de sus predios, destinados como certeramente señala la CEPAL, en su informe sobre Colombia de noviembre del pasado año, que me permito reseñar de nuevo “el desplazamiento forzado también ha sido el resultado de múltiples prácticas violentas, provocadas y promovidas por empresas criminales conformadas por alianzas entre distintos actores –narcotraficantes, empresarios y políticos–, por motivaciones ideológico-políticas y también por motivaciones puramente rentistas para apropiarse y acumular poder y riqueza.
Como consecuencia de lo anterior, esta forma de violencia ha resultado funcional a un modelo de desarrollo económico y social excluyente, inicuo, concentrador de la riqueza y discriminatorio, que ha sido impuesto a través de la violencia que transforma los territorios a partir de la expulsión de sus habitantes.”
La gravedad y alcance de las denuncias de Mancuso, ameritan que no solo las autoridades judiciales relacionadas con la JEP, sino que además, la misma Fiscalía, la justicia ordinaria, la Procuraduría y la Superintendencia de Notariado y Registros, se pronuncien sobre sus respectivas investigaciones institucionales, para determinar y encausar a los responsables y cómplices de los actores del conflicto, como de los vejámenes declarados por uno de los ideólogos del paramilitarismo, pues no es cierto como ahora pretenden justificar quienes aducen que no existen pruebas, porque los hechos denunciados, fueron y siguen siendo de notorio conocimiento público.
De ahí que el Mandatario actual como ya lo manifestó, y anoto para los olvidadizos que ahora lo detestan, porque fue él quien desde el Congreso, se encargó de hacer debates públicos entre otros tantos escándalos de corrupción, en contra de Alcaldes y Gobernadores, a los vinculados con la parapolítica, la farcpolítica y los falsos positivos, al advertir que si las autoridades encargadas de investigar y judicializar a los actores del conflicto, no son capaces de hacerlo, entonces tocará recurrir a la C.P.I. (Corte Penal Internacional), para que desde allí se encause a los responsables, porque las atrocidades de todos estos crímenes de lesa humanidad, no se pueden quedar en la impunidad que actualmente observamos por causa de todos los interesados en que así sea.
*Rafael Robles Solano. Secretario Ejecutivo LIDERESOCIAL. rafaelrobles12@hotmail.com
