Por: Rubén Darío Ceballos Mendoza*
La corrupción, insostenible y vergonzosa, tiene que acabarse a las buenas o a las malas, no da espera, así de simple. Y no me refiero a la que es dable en las instancias de gobierno y de poder, sino en todos los ámbitos donde campea enseñoreándose descaradamente. Combatirla a ultranza, debelarla, es demostración cualitativa de avance democrático.
Consiste, nos dice Transparencia por Colombia, es el “…abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones…” El Banco Mundial la define como el “uso indebido de servicios públicos para beneficio personal”. También, indica TPC, puede ser tipificada como pequeña y gran corrupción. Pequeña, la entendida “como el conjunto de actos en que se conceden gabelas, ventajas o tratamientos preferenciales en contratos de bajo monto o en trámites ante el Estado”. A gran escala, “consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común”.
Sayéd y Bruce la definen como “el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado”, entendiendo que este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos. También se define como el «conjunto de actitudes y actividades mediante las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos consigo mismo, utilizando los privilegios otorgados, esos acuerdos tomados, con el objetivo de obtener un beneficio ajeno al bien común». Por lo general se apunta a los gobernantes o los funcionarios elegidos o nombrados, que se dedican a aprovechar los recursos del Estado para de una u otra forma enriquecerse o beneficiar a parientes o amigos.
Hay que avanzar en el combate a esa falta de carácter administrativo, en ese enmascarar la condición del titular del cargo público que cae en la tentación de favorecer a otros con decisiones directas o indirectas, sean operaciones institucionales indebidas, bienes, servicios o prebendas maquillados de “trámites imparciales”. Es trato de favor que implica facilidades adicionales y extraordinarias, dispensas de requisitos, tráfico de influencias, montos mayores para los dividendos en beneficio de aquellos, donde igual tiene que ver el sector privado amancebado con funcionarios interesados en tales asuntos en detrimento del erario público.
La transparencia tiene que ser una obligación que debe ampararse en la investigación, el control social, la denuncia pública y que las mismas se procesen y no duerman el sueño de los justos, a la par que se activen drásticas medidas para ser cumplidas, de responsabilidades administrativas o penales. Implica sin duda la corrupción eslabones tras eslabones de complicidades que engarzan intereses con manejos de impunidad, razón por la que es poco o nada que lo denunciado prospere y termine por extinguirse con pena y sin gloria esta aberrante práctica de abusos y excesos. Aunado a lo cual, en búsqueda y procura de un sano equilibrio público, importa la rendición de cuentas como posible termómetro, pero más que todo, esencial es la participación ciudadana que ejercitar debe, en todo momento y lugar, el derecho de acceso a la información, amén de agotar los medios a su alcance para rectificar las malas respuestas oficiales, lo que ayuda a que todo sea expuesto con la transparencia debida.rubenceballos56@gmail.com *Jurista
