Por: José Manuel Herrera Brito*
La seguridad pública, cuyo origen conceptual se encuentra en el paradigma realista de la teoría de las relaciones internacionales, misma que se entiende como un servicio que debe garantizar el Estado para proteger la integridad física y los bienes de los ciudadanos y permitir que estos convivan en armonía, bien podemos definirla como la protección contra todo peligro que pueda amenazar la vida, la libertad, la integridad física y los bienes de las personas; la protección del ejercicio de los derechos, garantías y libertades de los ciudadanos; conjunto de condiciones que son necesarias para el desarrollo social; cualidad de los espacios públicos y privados, en la que no hay amenazas que puedan socavar o suprimir los derechos y bienes de las personas.
No hay que olvidar que es el Estado el encargado de garantizar la seguridad pública y evitar las alteraciones del orden social, para lo cual cuenta con la fuerza Pública que trabaja en conjunto con el Poder Judicial; no obstante, demostrado está que insuficiente ha sido por sí solo el enfoque acostumbrado de aumentar la presencia policial o endurecer las leyes, ya que sigue siendo la seguridad pública uno de los retos mayores que enfrentan gobiernos y comunidades; y, si bien estas medidas generan una sensación de control temporal, no abordan los problemas de fondo que originan la violencia y la inseguridad. El verdadero cambio debe venir de políticas integrales que combinen prevención, educación y creación de oportunidades, con programas comunitarios diseñados para ofrecer alternativas a quienes corren el riesgo de ser captados por las redes delictivas.
Uno de los sectores mayormente vulnerable es el de los jóvenes, dada la falta de opciones viables para su desarrollo, que sostienen cientistas sociales, los empuja a tomar decisiones desesperadas, las más de las veces influenciados por la idea de obtener ingresos rápidos, fragilidad que es aprovechada por la delincuencia organizada, que les presenta una salida atractiva a corto plazo, pero destructiva a largo plazo; lo que para contrarrestarse es necesario invertir en programas educativos y laborales que los mantengan alejados del crimen y les ofrezca una visión prometedora de cara al porvenir. Tengamos claro que no es suficiente ofrecerles oportunidades; sino vital a todas luces generar un entorno en el que los jóvenes puedan prosperar, lo que impone trabajar en reconstruir el tejido social, fomentar la cohesión comunitaria, el sentido de pertenencia y la responsabilidad compartida; en la afirmación que las iniciativas de seguridad deben ser un esfuerzo colectivo, autoridades / ciudadanía creando entornos seguros y estables en franca colaboración.
Otro aspecto importante por demás que no podemos ignorar es la reintegración. La estigmatización de aquellos que han tenido conflictos con la ley es una barrera enorme para su recuperación, lo que hace necesario políticas incluyentes que faciliten su regreso a la sociedad; de ahí que los programas de rehabilitación, las oportunidades de formación y empleo deben estar disponibles para quienes buscan reinsertarse en la vida civil, contribuyendo así a la reducción de la reincidencia con lo que gana en mucho la sociedad en su conjunto.
En dicho derrotero, es esencial que se reconozca el papel que juegan los derechos humanos en cualquier estrategia de seguridad pública, debido a que no podemos sacrificar los derechos fundamentales en nombre de la seguridad. Las políticas mano dura, aunque populares, a menudo cruzan la delgada línea que separa la justicia de la represión. Es necesario encontrar un equilibrio entre proteger a la población y respetar los derechos de todos los involucrados, incluso de aquellos que han caído en la delincuencia.
Claro nos queda que no basta con abordar el problema del crimen desde una perspectiva punitiva, sino que se deben atacar las causas estructurales que alimentan su crecimiento y persistencia. En muchos territorios del país y el mundo, aspectos tales como la pobreza, desigualdad, falta de acceso a educación de calidad y escasez de oportunidades económicas propician un caldo de cultivo e ideal escenario para que las más diversa organizaciones criminales crezcan de manera exponencial.
El éxito en la estrategia de seguridad pública que se adopte dependerá en importante medida de la confianza que la ciudadanía tenga en sus instituciones. De no existir confianza, las comunidades difícilmente colaborarán o sentirán protegidas, lo que hace esencial que las autoridades se esfuercen en ser transparentes, responsables y justas en la aplicación de sus políticas de manera efectiva.
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