Por: Andrés Bohórquez Canizales*
A pocos días que la Organización mundial de la salud -OMS- expidió el Informe Mundial Sobre Salud Mental, queda uno sorprendido de lo atrasados que nos encontramos a nivel mundial en torno a ella. En efecto, las cifras son desalentadoras: cerca de 1000 millones de personas en el mundo sufren de alguna enfermedad mental. Así pues, quiero ser reiterativo en los suicidios que se presentan en el departamento del Tolima, específicamente en Ibagué, donde hubo cerca de 500 casos de intento de suicidio en el año 2021 y 110 suicidios se consumaron en el mismo año, de los cuales 21 correspondían a mujeres y 89 a hombres. En Colombia se presentaron 2350 suicidios en 2021, quiere decir ello que Ibagué aportó la triste suma del 4,7%.
Desde hace bastantes años vengo solicitando, de manera insistente, la urgencia de actualizar la política pública en salud mental y ello incluye no solo palabras bonitas sino recursos para hacer realidad la promoción, protección, cuidados y atención en salud mental a quienes lo necesitan, tal cual como lo señaló el Dr. Ghebreyesus, Director General de la OMS, sumado a una regulación adecuada y actualizada en dicha materia.
Ibagué es una de las ciudades con más alta tasa de suicidio, a ello sumémosle el desempleo y pobreza, sin dejar de lado que es uno de los municipios con mayor tasa de deserción escolar y el Departamento del Tolima es el que presenta la mayor cantidad de fugas de personas, es decir, personas que salen del Departamento y no retornan al mismo.
Hablar del Derecho a la Salud Mental, debe convertirse en el pan de cada día, deben además adoptarse diferentes tipos de enfoques para proteger a las personas, especialmente aquellas que por sus condiciones socioeconómicas son vulnerables y requieren especial protección del Estado, pues aquellos tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades mentales. Problemas silenciosos como la depresión y la ansiedad, llevan al intento del suicidio. El presupuesto destinado en torno a la salud mental resulta insignificante y como medidas desesperadas, pero no inadecuadas, se adoptan actividades correctivas, que, aunque pueden prevenir suicidios, como por ejemplo la propuesta de los “Escuchaderos”, lo cierto es que son insuficientes a la hora de acabar con el problema desde su raíz. Es una verdad a voces, que las personas con enfermedades mentales, en su mayoría, NO reciben tratamiento y es por ello que estas prefieren sobrellevar en silencio sus enfermedades, en mayor medida por el miedo a ser discriminados.
Así pues, muchas personas que aceptan y reconocen sus enfermedades mentales son excluidos de los grupos sociales de participación, terminando relegados y olvidados, lo que ahonda en aquellas condiciones que pueden terminar en un intento de suicidio o el suicidio mismo. Varias acciones se proponen desde el informe de la OMS, entre ellas la “gobernanza y liderazgo, financiación, concienciación pública y competencias para la atención de la salud mental” – (OMS, pág. 6) y el compromiso político que claramente se debe establecer en un aspecto “expreso, institucional y presupuestario” (ibidem).
En este sentido, una de las tareas más importantes de la Administración, será la relacionada con la inclusión de las personas con enfermedades mentales en la participación comunitaria y, en términos generales, la inclusión en la sociedad, como una medida que permita que la vida de quienes padecen estas enfermedades sea digna, plena y satisfactoria. Sería bastante importante la creación de los Consejos de Salud Mental, como instancias de participación que tengan como finalidad conocer el territorio, conocer de las enfermedades mentales, en la cual se creen redes comunitarias de apoyo o nodos de protección y prevención que alimenten esa gran política pública en torno a la salud mental. Adicionalmente, se debe hablar e implementar la psicoemergenciología, concepto acuñado por el psicólogo Colombiano Leonardo Guerrero. Espero que este documento llegue a manos de aquellas personas que tengan poder de decisión o que representen una voz en las instancias decisorias, para que construyamos entre todos, el reconocimiento del Derecho Humano a la Salud Mental.
*Abogado. Especializado en Derecho Administrativo. Gerencia del Riesgo y Prevención de Desastre. Responsabilidad Penal de los Servidores Públicos y Delitos contra la Administración Pública. Magister en Derechos Humanos. @JabcusOficial
