Por: Rafael Robles Solano*
Por qué, pareciera que ciertos actores del conflicto, secundados por otras fuerzas oscuras, vinculadas a las economías ilegales, se niegan a aceptar y participar de los procesos que se intenta implementar por medio de las propuestas de PAZ TOTAL, promovidas por Gustavo Petro.
Este interrogante nos lleva a reflexionar y preguntarnos sobre quiénes son los restantes responsables y ejecutantes, de esta violenta oleada de ataques terroristas de las últimas semanas contra poblaciones indefensas y municipios de diferentes regiones rurales del país.
Más allá de los múltiples factores e intereses que por una parte impulsan a los facciones residuales y de disidentes de las guerrillas, comprometidas en no perder el control territorial, para seguir beneficiándose de los cultivos ilícitos y el tráfico de coca, de las extorsiones, el reclutamiento de menores de edad y los secuestros, a los que se juntan las bandas (Clan del Golfo y otros carteles) delincuenciales dedicadas al negocio y explotación de drogas, de migrantes y contrabando de mercancías, de las minerías, la desforestación para comerciar recursos madereros, al abigeato y el desplazamiento de campesinos de sus tierras, hasta el punto de que hoy Colombia, presenta el escalofriante índice de más de ocho millones seiscientos mil (8´600.000) víctimas confinamientos, con 6,9 millones de personas sometidas a desplazamientos forzados internos de sus lugares de origen y con ello generando enormes crisis humanitarias, de los que el 40% vive en pobrezas extremas, deambulando por pueblos y ciudades sin recursos para una subsistencia digna, y además, con sus derechos totalmente conculcados ante la falta de apoyo real y efectivo del Estado. (Fuente: INFOBAE).
De otra parte, hay que señalar que estos grupos delincuenciales, no solo arremeten contra pequeños tenderos y medianos comerciantes, sino también amenazan y persiguen a los grandes emprendedores, industriales y empresarios, desestimulando notablemente las oportunidades para que éstos, participen en el fomento de mayores inversiones, que permitan la reactivación económica que tanto reclama la sociedad colombiana, para sacar el país adelante.
Sin embargo, los anteriores causantes de la creciente ola de atentados violentos descritos, no es exclusivo de ellos. Pues con creciente preocupación, observamos que los crímenes selectivos en contra Lideres sociales, comunales y defensores de aquellos que luchan por la restitución de las tierras de las que fueron despojados, las cuales ahora en muchas regiones aparecen en manos de políticos y dirigentes locales, de gamonales, terratenientes, ganaderos y empresas agrícolas latifundistas con fuertes intereses económicos, que se oponen a quienes reclaman sus predios, alegando en su mayoría, que fueron compradores de buena fe, lo cual, más allá de ser legalmente válido, no despeja las dudas y sospechas que giran en torno a la forma en que fueron adquiridas y protegidas, como acabamos de ver con el reciente fallo de una corte de Florida (EEUU), contra CHIQUITA BRANDS (multinacional bananera), advirtiendo que ellos no son los únicos comprometidos con los apoyos y respaldos clandestinos de financiación a los paramilitares.
Todos estos hechos, nos llevan a formular el interrogante del presente titular, el cual mortifica tanto a los que se oponen a validar las declaraciones ante la JEP, de Mancuso y demás paramilitares extraditados por Álvaro Uribe Vélez, generando enfrentamientos que no permiten consolidar los procesos de paz en Colombia.
*Secretario Ejecutivo LIDERESOCIAL. rafaelrobles12@hotmail.com
