Por: Iván Bohórquez Zapata*

Clave y claro que la presencia de la mujer en el mundo actual es definitiva; y, en las instituciones políticas locales son de especial interés, aunque es limitada en relación a la ocupación de cargos ejecutivos. El hecho de que en los últimos años algunas mujeres lideren o hayan liderado algunos escenarios políticos en lo municipal, departamental y nacionalmente, no debe llevar a engaño sobre el panorama general. Además de un superior peso de las mujeres y los jóvenes en cuanto a su participación directa en el poder político, hace parte una mayor inclusión comunitaria, a efecto de alcanzar así una importante y tenida en cuenta trascendencia política.

Mujer y juventud debe ser prioridades políticas para aprovechar su visión de ciudad y la forma como debe conducirse la administración pública, además que priorizarían en las agendas de gobierno otros temas y darían distinto énfasis al tratamiento de los problemas. Según la teoría de la representación sustantiva, el tipo de acción política y las políticas públicas adoptadas varían en función del perfil del representante y traen al gobierno intereses y prioridades diferentes, como bien y mejor sostiene Hanna Fenichel Pitkin. En definitiva, el hecho de que no haya más diversidad en las instituciones políticas puede empobrecer el debate y suponer un sesgo en la selección y el rumbo de las políticas; ya que, nuevos perfiles en la arena política revitalizarán en mejor forma el hacer democrático y se dotaría de mayor apertura al sistema, lo que redundaría en una mayor inclusión de representantes cuya voz hoy en día es aún débil.

Se requiere además de la presencia de actores privados, quienes se manifiestan en la política a través de organizaciones o asociaciones que aglutinan intereses o como ciudadanos a título individual. La incorporación de ciudadanos (a título individual o a través de las asociaciones a las que pertenecen) en los procesos decisorios no debe ser una posibilidad sino una obligación. La participación ciudadana debe ser fin y medio de actuación de los gobiernos, además de método para la toma decisiones en la persecución de los diferentes objetivos, tal como “promover el establecimiento de mecanismos institucionales, políticos, jurídicos y financieros, a fin de ampliar las plataformas inclusivas, que permitan una participación significativa en los procesos de adopción de decisiones, la planificación y los procesos de seguimiento universales.

Es de tener en cuenta que los mecanismos de participación ciudadana, lejos de ser una nueva modalidad para la toma de decisiones, tienen un largo recorrido en la mayoría de sistemas democráticos. Persiguen la implicación de la ciudadanía en el proceso de toma decisiones sobre políticas públicas, sobre la toma de decisiones que afectan directamente al bienestar de los ciudadanos, constituye un escenario con características (cercanía, tamaño, conocimiento sobre los problemas que les afectan, etc.) que facilitan y hacen viable la participación, como se confirma en las voces que desde la teoría política ponen el foco en la necesidad de participación ciudadana que argumentan que esta aumenta el conocimiento de los ciudadanos sobre los problemas y les permite formarse opiniones sobre ellos; mejora la comunicación de sus preferencias a los gobernantes; permite una mayor transparencia en la toma de decisiones, facilitando la rendición de cuentas; y, ofrece soluciones a las crecientes dificultades de los gobiernos para hacer frente a los problemas de sus ciudadanos, entre otras consideraciones.

Sin embargo, pese a que la participación no es algo nuevo, el énfasis que se sigue poniendo en ella obedece al convencimiento de que se debe generalizar y reforzar en extensión y en intensidad como método de buena gobernanza. Esta insistencia responde a la constatación de que el rendimiento de la participación aún es desigual, ya que, respecto de los niveles de implicación ciudadana en los asuntos públicos, su influencia en los procesos de toma de decisiones de políticas públicas y el capital social no son altos ni existe del todo un verdadero compromiso con la participación desde los poderes públicos o los ciudadanos, debiéndose desarrollar actitudes participativas plenas.

Requerimos mayor participación ciudadana y múltiples estrategias públicas que la organicen y la hagan posible, pues importa que los órganos y procesos participativos cuenten con un nutrido número de participantes, toda vez que interesará siempre en beneficio colectivo que las propuestas que surjan de los procesos participativos tengan un alcance significativo y sean objeto de implementación selectiva por parte de los gobiernos y que en los mismos, la cultura de rendición de cuentas sea un hecho cierto. El camino a recorrer en esta dimensión aún es largo, pero hay que hacerlo y por demás, lograrlo.

*Administrador Público. Especializado en Gerencia de Proyectos de Desarrollo. @ivnBohorquez1 ibozap@yahoo.es