Por: Saúl Alfonso Herrera Henríquez*

Debemos y tenemos que ser conscientes de quienes son y qué labor desarrollan las organizaciones no gubernamentales, las cuales adelantan planes, proyectos, programas y demás otras actividades que mejoran la calidad de vida de gran parte de la población; trabajan igualmente por la integración socio-laboral de personas en riesgo de exclusión y sin techo, apoyan a familias, a menores en riesgo por pobreza, desatención, desnutrición, hambre y pobreza. Gestionan alimentos que llegan a personas sin los recursos necesarios para poder comer. Ofrecen terapias para sacar a las personas de distintas adiciones y también evitarles situaciones de estrés, dependencia, frustración y culpabilidad que sus familiares soportan.

Y es que hasta que el destino te acerca de forma directa con una persona con discapacidad física o psíquica, con una persona que no cuenta con los recursos necesarios para poder cubrir unas mínimas necesidades o que ha caído en las redes de la adicción, no prestamos atención a un mundo, el de las entidades sociales, que no solo consiguen mejorar inmensamente la calidad de vida de estas personas y sus familias sino que también permiten que el resto de la sociedad se beneficie evitando situaciones que pueden llegar hasta la puerta de nuestras casas. Otras que mejoran la vida de personas con discapacidad física, psíquica o en riesgo de exclusión social. Otras dedicadas al medioambiente y en fin mil y más actividades en beneficio colectivo.

¿Cuántos centros de atención a discapacitados hemos visitado; cuántas familias de adictos conocemos y apoyamos; con cuántas personas sin techo hemos tenido una conversación preguntándoles qué sienten o qué necesitan? Da la impresión que los ciudadanos entienden que el apoyo a esas personas, iguales a nosotros, solo lo deben realizar las administraciones públicas y que es suficiente con los impuestos que pagamos para contribuir a mejorar la equidad de nuestra sociedad. Nada más lejos de la realidad, lo que nos obliga a estar más a la altura como ciudadanos que somos.

Es cierto que las administraciones públicas deben hacer una excelente labor en este sentido y poner a disposición áreas y equipos de personas especializadas en la atención social que, pero somos conscientes que es imposible que atiendan todas las necesidades de forma directa. Apoyan decididamente a las entidades sociales que ofrecen estos servicios. Más no solo aportan recursos económicos, sino que también gestionan un importante número de programas en colaboración con las entidades sociales que favorecen la atención a colectivos desfavorecidos; pero todo ello, y es donde me quiero centrar, con poco apoyo de la sociedad civil ya que sólo unas pocas personas y empresas son las que asumen su papel de búsqueda hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Para que esta situación cambie es necesario que en los centros educativos se desarrollen obligatoriamente proyectos en colaboración con entidades sociales que permitan que los niños tengan contacto con distintas realidades. Que existan más incentivos para que los adultos dediquen una parte de su tiempo y de su dinero a ayudar a quien tiene necesidades, al tiempo que nazcan fórmulas efectivas de comunicación y sensibilización que pongan en valor el trabajo realizado por estas entidades. Es una responsabilidad de todos que no podemos olvidar.

*Saúl Alfonso Herrera Henríquez. Abogado. Especializado en Gestión Pública. Derecho Administrativo y Contractual. saulherrera.h@gmail.com