Por: Rafael Robles Solano*
Por estas semanas, el tema de moda en Colombia es la anunciada o será mejor decir: “la provocada” crisis de la salud. Analizar alcance de la misma, implica valorar tanto los puntos de vista del Gobierno, frente a las razones de quienes decididamente se oponen a dicha reforma. Los juicios de valor van y vienen, están cargados de argumentos aparentemente razonables, pero para quienes no están familiarizados con el tema a profundidad, resulta difícil de comprenderlos, ya que por una parte, median los cuestionamientos de los que manifiestan que Petro, desde el inicio de su mandato, planeó ir acabando sistemáticamente con las instituciones y en el presente caso, con el sistema actual de salud, por lo que pretende retomar el manejo y la administración de la totalidad de los recursos y además, según los más alarmistas, sostienen que con ello, busca ir introduciendo en las regiones, para cubrir las necesidades de atención básica rural, a cientos de médicos cubanos, como hizo el régimen venezolano.
Pero dejando de lado las apreciaciones con sesgos políticos a favor o en contra, y mirando desapasionadamente la situación de hoy, debemos examinar lo más objetivamente posible las circunstancias que concurren actualmente a la calidad de los servicios que ellas prestan en general, en la que la inmensa mayoría coincide en que, a pesar de las múltiples fallas estructurales, los servicios funcionan, de modo que no se necesita destruirlos y acabarlos.
Los defensores de las EPS, pregonan que este es uno de los mejores sistemas de salud a nivel global, porque se cuenta con amplia cobertura medico asistencial, de laboratorios y de exámenes con especialistas. Sin embargo, conviene advertir y distinguir que nuestro sistema tiene dos campos de prestación de servicios bien diferenciados, los de las Pre-pagadas y los afiliados a los POS (Planes Obligatorios de Salud). Con los primeros, más allá de los costos, sus afiliados, no tienen mayores reproches con los mismos. Lo cual no acontece con quienes hacen parte de los POS, porque acá, si bien en las ciudades, la mayoría de las EPS, tienen sedes bien dotadas para atender a sus afiliados, donde brindan buenos servicios complementarios de baja complejidad, como lo son los denominados “programas para crónicos”, que funcionan perfectamente, pero, cuando se trata de las citas con especialistas, exámenes delicados, cirugías urgentes y drogas, entonces toca someterse a procedimientos dispuestos, van supeditados a que les agenden cita con ellos, a las autorizaciones para las drogas o que les habiliten los sitios para las cirugías. Lo mismo acontece cuando se trata de las llamadas enfermedades “huérfanas”, que suelen estar sujetas a trámites dilatorios y finalmente, señalar que la atención primaria en las zonas rurales, es prácticamente inexistente. De ahí el alto índice de PQR (peticiones, quejas y reclamos) y de Tutelas contra todas las EPS.
En este punto, conviene precisar que las EPS, administran no solo los recursos financieros, sino también a las IPS (Instituciones Prestadores de Servicios de Salud), entidades privadas que prestan los servicios médicos de consulta, las redes hospitalarias, las clínicas, las de cuidados intensivos, laboratorios, etc. Son contratadas por las EPS, que, a su vez, se encargan de los pagos del Sistema a nombre del Gobierno. En síntesis, las EPS, son las que organizan y garantizan el acceso a los beneficios los servicios de salud de los POS. En conclusión, su función principal consiste en garantizar la prestación de los servicios del POS y hacer los giros al Fondo de Solidaridad y Garantías, que es donde se administran los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud.
