Por: Carlos Flórez Sarmiento*

La seguridad como política pública, requiere y requerirá siempre del concurso de diversas entidades y actores tanto en el nivel nacional como en el territorial, atendiendo a que las manifestaciones de inseguridad y baja convivencia ciudadana se concretan en el nivel local, y son causadas en gran medida por las particularidades territoriales, por lo que la corresponsabilidad de los municipios en la implementación de la política resulta fundamental, así como la coordinación local de las distintas entidades y actores que tienen responsabilidades y participan en cada uno de los ejes estratégicos de la política.

En tal sentido, es importante destacar que dicha política requiere del compromiso y liderazgo permanente de las autoridades locales, apoyo que resulta esencial para el éxito de esta iniciativa en cada ciudad y cada población. Incluir estos lineamientos nacionales en los Planes de Desarrollo Municipales y los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia permitirá materializar las líneas de acción formuladas para mejorar la situación de seguridad en los centros urbanos, así como promover la convivencia y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

De ahí que requiera una verdadera política pública de seguridad convicciones, decisión interminable para que pueda dar grandes resultados en cuanto a garantizar la paz y la tranquilidad en los territorios todos del país. Establecer paradigma. Ser inspiración para las nuevas generaciones, que nos invite a seguir luchando por nuestros ideales de patria, a trabajar por nuestros sueños de una sociedad segura que pueda cumplir con nuestros anhelos ciudadanos de priorizar familia, y para que todos, sin excepción, podamos cumplir las muchas metas personales que cada uno tenga “in pectore”.

Requerimos al frente de todos los órdenes y escenarios que posibles sean, servidores públicos demostrados, de primera condición y gran capacidad prospectiva y estratégica para moverse de forma táctica, imponerse políticamente, adelantar y realizar una gran coordinación y administración para mantener una superior vida social que nos encamine con prisa y sin pausa al orden y paz pública, bajo la preservación del Estado de Derecho y la prevención del delito en todas sus formas.

En ello, deben trabajar mancomunadamente los miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía en operaciones contra los grupos criminales de distinta naturaleza, origen y propósitos, con la mira puesta en generar resultados favorables, sin olvidar bajo punto de vista alguno la ley es la ley y no es negociable y debe en consecuencia aplicarse y defenderse en su totalidad de manera honesta, comprometida, dedicada, así como con lealtad, humildad, grandes valores y sin intransigencias, en definitiva ruta por lograr unos municipios y país en octaviana paz.

*Abogado. Especializado en Derecho Administrativo. Magister en Seguridad. Ex Edil de Usaquén. Candidato Concejo de Bogotá