Por Carlos Villota Santacruz

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Haciendo un repaso a la historia, la Ley 387 de 1997 estableció que “desplazado es toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su local residencia o actividades económicas habituales.” Todo por cuenta porque su vida, su integridad física, seguridad o libertad personales fueron vulneradas o amenazadas con ocasión con ocasión del conflicto interno, disturbios y violencia generalizada”.

En otras palabras, en el departamento de Nariño y su la zona fronteriza colombo ecuatoriana fue escenario de la violación de los derechos humanos, infracción al derecho internacional humanitario. Todo gracias a graves problemas de orden público.

Hoy, después de 24 años –ante la llegada de la pandemia del coronavirus en marzo del 2020- la frontera en el Puente Internacional de Rumichaca, no solo se vio afectada sino, colocó en la agenda pública su atraso y su pobreza, a la que se suma un delicado panorama de emergencia sanitaria.

Es evidente que el coronavirus alteró no sólo el día a día de “la frontera viva” entre Colombia y Ecuador, sino que se convirtió en todo un desafío por detener el virus chino –por la alta presencia de venezolanos-. La tarea no ha sido fácil ni para el Gobierno del presidente Iván Duque, para la Gobernación de Nariño Jhon Rojas y mucho menos para la Alcaldía de Ipiales en cabeza de Luis Fernando Villota.

En los últimos 12 meses ha dejado en la ciudad de Ipiales 4.553 personas contagiadas, en medio de una parálisis económica sin precedentes. La pregunta que se hace los ciudadanos, es: ¿cuál es la fórmula para que la frontera regrese a la nueva normalidad, sin mayores traumatismos con la participación de todos los actores de la sociedad y lejos de la politización?

Diversos estudios públicos y privados en la “ciudad de las nubes verdes” dan cuenta que la pérdida dela identidad de Nariño y de Ipiales como región y la ciudad, es un problema a resolver. “Los lazos que unen a grupos de ciudadanos, desde sus diversos roles, es un tema a mirar endetalle, si se quiere fortalecer un presente y un futuro económico viable y sostenible”, dicen los ciudadanos.

La llegada de la nueva ERA, hizo aún más visible la atomización de la sociedad de Ipiales –cuyas familias tradicionales permanecen en bajo número en la ciudad o tomaron otro rumbo- Lo que prevalece es la individualización y los intereses privados, que impiden un trabajo en equipo en medio del Covid-19, que se sabe; -cuándo llegó pero no se sabe cuándo terminará-

Desde el punto de vista geográfico, la frontera colombo-ecuatoriana, es muy extensa. Posee una serie de pasos irregulares. Si bien, hay una voluntad del Ejército y la Policía por ejercer el control territorial. De colocarle freno al ingreso irregular los emigrantes venezolanos, al departamento de Nariño, este esfuerzo institucional es insuficiente.

La tesis, la ha hecho visible el Alcalde de Ipiales Luis Fernando Villota, qué en medio de la pandemia, ha levantado la voz en el orden regional, nacional e internacional para poner fin a este escenario. Todo un dolor de cabeza, en materia de seguridad, que incluso, fue reconocido por el desaparecido Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo.

Desde la ciudad de Quito, el Embajador de Colombia en Ecuador Manuel Enriquez Rosero ha mantenido una acción diplomática activa, para darle a la frontera, un dinamismo que apunte más allá de los tiempos que corren. “Más no ha sido fácil, por los picos de la pandemia”. Una posición de Gobierno del presidente Duque.

En el límite entre los dos países, existe un punto llamado Orbes, donde miles de personas pasan y pasan todos los días. Pasan el rio en medio de peligros. Tanto, que ha cobrado la vida de varios venezolanos. Los propietarios de los predios, cobran como peaje 1.000 pesos, para que los viajeros informales logren llegar al destino. En tierras de la ex Provincia de Obando.

Con ese antecedente, es claro que el cierre de la frontera por este largo período- disparó el comercio irregular de un lado y otro. En una palabra, ese trayecto pasa de todo. Y no precisamente, bajo el respeto de la ley. Para no ir más lejos, uno de los grandes problemas de la economía de los dos países es el contrabando de cigarrillos, armas, gasolina e incluso de narcotráfico. Hasta se han incautado por parte de las autoridades colombianas lingotes de oro.

Lo que se conoce como la nueva normalidad también ha originado nuevas formas de violar la ley. Al punto, que hace imposible para el Ejercito o las autoridades aduaneras controlar el paso irregular de venezolanos y otras nacionalidades. Además, las rutas se cambian todos los días. Una noticia, que no aparece en los medios locales y mucho menos en los regionales y nacionales.

En la actualidad, en la frontera colombo-ecuatoriana no existe un diagnostico consolidado en todos los frentes de su problemática social, económica y de salud. Lo que sí es evidente, es que reclama a la mayor brevedad soluciones reales, más alá de las declaraciones políticas o comunicados de prensa oficiales. Se requiere una hoja de ruta en seguridad alimentaria, vivienda y educación. Sobre todo, la formulación de proyectos que generen empleo. Lo demás es un saludo a la bandera. “Es que la frontera colombo-ecuatoriana esta sobre diagnosticada” advierte la Cámara de Comercio de Ipiales. Una posición que la respalda el Concejo de la ciudad, la Asamblea del Departamento de Nariño y los habitantes de la ciudad.