Por: Rubén Darío Ceballos Mendoza*

Lamentable como injustificable a todas luces que la contratación pública entre nosotros se haya convertido en el instrumento más eficaz, más idóneo para que la delincuencia de cuello blanco se apodere de los más altos porcentajes del presupuesto público en los órdenes local, regional y nacional, normalmente con garantía de impunidad y de retener y apropiarse de lo robado; razón por la que cada ciudadano, cada persona debería entender que los dineros y patrimonio públicos, sagrados ellos, los obtiene el Estado, por el pago de impuestos y enajenación o entrega de bienes (regalías, expropiación y demás) que pasan a integrar el patrimonio público. No son de los gobernantes ni de los servidores públicos.

Es la corrupción en el país un flagelo de gran alcance y gigantesca magnitud. Su saqueo es exponencialmente creciente. El país pierde por corrupción en contratación pública, más de $60 billones anualmente, lo que no es de dudar, ejemplo de ello, lo de los carrotanques para La Guajira, que muestra y demuestra nuestros altos grados de corrupción, que parecen no importarle a los gobiernos, que no se preocupan, a juzgar por los hechos de corrupción que vemos, nos agobian, colman de efectos desastrosos y nada contundente se hace para acabar tal circunstancia que amenaza con terminar con carcomerse el cuerpo sano del país que aún le queda.

Las denuncias por corrupción, con velocidad inusitada ella misma las tapa e impide a la institucionalidad imponer sanciones. El acontecer delictivo creciente en corrupción pública, la inmoralidad burocrática y social, facilitan el ocultamiento de los hechos y en los más de los casos, el fracaso de las investigaciones, el archivo de los casos denunciados, y los que culminan terminan con condenas ridículas.

Los dineros robados no se recuperan, los cubre el olvido y la impunidad. No hay licitaciones honestas, aunque las disfracen de formalismo. Se impone la contratación sastre, la contratación negociada, a dedo. Los órganos de control no hacen nada o solo desarrollan acciones de maquillaje para cumplir formalismos legales. En otros casos, desde su mismo seno, practican la corrupción; de ahí que pretender depurar la contratación pública y derrotar la corrupción, sin un ordenamiento legal, genuinamente eficaz, es más que imposible. El marco legal de la institucionalidad colombiana es favorable a los corruptos.

Para impedir que los criminales continúen con sus prácticas, importa depurar el servicio público, en todos los niveles. Sector administrativo, judicial, de control, fiscal y disciplinario, redefinir los alcances y precisiones del articulado del Código de Procedimiento Penal y de Procedimiento Penal; toda vez que la depuración debe partir desde el ingreso de funcionarios al servicio público y la institucionalización de un ordenamiento legal, que contenga drásticas sanciones al delincuente funcionario y al contratista, consistentes, en todos los casos, en destitución e inhabilidad por el resto de su vida, para ejercer funciones públicas o contratar con el Estado. En lo público y en la conciencia social, la ética y moral colectiva, en términos generales, colapsaron. Hay tolerancia cómplice de la autoridad judicial, con la corrupción y el delito.

La concertación de la prebenda que el contratista ofrece y el funcionario exige para la adjudicación del contrato, tiene que contar con la complicidad y participación de los mandos medios. Se proyecta y planifica desde la elaboración de los estudios y diseños. Se perfecciona y garantiza en la confesión de los pliegos de condiciones, el cálculo del presupuesto, la complicidad de la interventoría y en la liquidación del contrato. Prácticas de conocimiento público que solo se comentan y nadie denuncia ante las autoridades competentes. El mismo marco legal vigente los protege, el ordenamiento legal lo impide, todo se pierde en el mercado del silencio y la complicidad, ya que nadie está dispuesto a auto-incriminarse y las normas sobre contratación, permiten al ordenador del gasto y secuaces, cuasi legislar y violar la ley, al establecer condiciones para participar y contratar a la medida del comprador del contrato.

La plata birlada en la contratación pública impide la inversión en sectores críticos. La corrupción la tolera la institucionalidad. Es el postre de burócratas, politiqueros y delincuentes. Se puede erradicar, pero no se le controla porque se alimentan de ella, al ser la niña mimada de la politiquería y el clientelismo. Régimen y usufructuarios del poder, a través de sus piezas en el Congreso, aprueban leyes, aparentemente contra la corrupción, pero mantiene los resquicios, las ventanas, las llaves de escape jurídico, la cosmética investigativa y la corrupción en la misma rama judicial y las contralorías, para que escapen los delincuentes de cuello blanco y continúen los saqueos al erario.

En las condiciones de anarquía, caos administrativo, institucional y moral que padecemos como país, nada bueno le depara a las generaciones por venir, si no se rescata de los bandidos; y lo que es peor, estamos ante la desastrosa realidad que cada gobernante o dirigente resulta peor que el anterior, desde hace ya muchos años, y da pena ajena escucharlos en entrevistas, son todos vacíos en conocimiento de desarrollo nacional, visión de futuro, calidad de la salud y la educación, solución de los problemas de corrupción, politiquería y clientelismo, flagelo que nos ha convertido en un Estado fallido, anárquico, caótico; siendo deber ético y moral, reaccionar y retomar nuestros deberes sociales bajo la huella de la dignidad humana.

Corrupción y desgobierno nos hacen decir y entender que los saqueadores del presupuesto y erario parecen invencibles, porque hemos sido pusilánimes y cómplices al tolerarlos y oficiar como sus cómplices al ser irresponsables política y socialmente al elegirlos, lo que impone no seguir al garete, sino persistir en aupar un desarrollo nacional socioeconómico equitativo. rubenceballos56@gmail.com Columnista.

*Jurista