Por: Saúl Alfonso Herrera Henríquez*

La seguridad, se indica, es aquella que puede considerarse como un estado de ausencia de peligros y de condiciones que puedan provocar daño físico, psicológico o material en los individuos y en la sociedad en general; también, la capacidad de dar respuesta efectiva a riesgos, amenazas o vulnerabilidades y estar preparados para prevenirlos, contenerlos y enfrentarlos, identifica a una situación de ausencia o disminución de riesgos para un determinado entorno social y natural; según la ONU, la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Seguridad Humana definió el objetivo de la seguridad humana como: “proteger el núcleo vital de todas las vidas humanas de las amenazas críticas y generalizadas, de un modo compatible con la realización a largo plazo de las personas”. En su connotación garantista se le concibe como la condición a la que debe aspirar el ciudadano para estar en posibilidad de desarrollar sus actividades cotidianas en plenitud, lo que obliga al Estado a implementar una política criminal que contenga las estrategias preventivas y punitivas que las ciencias criminológicas y las normas jurídicas le brindan acordes al tipo de delincuencia de que se trate, para lo cual es recomendable la inclusión de la sociedad en su diseño, instrumentación y evaluación.

En esto de la seguridad se llevan decenios sin hallar el camino en la política criminal, su énfasis se ha puesto en las acciones punitivas, tales como incremento de penas, tipificación de nuevas conductas, prisión preventiva oficiosa, cateos, aseguramientos, retenes, intervenciones telefónicas y demás; herramientas de naturaleza penal que, desde luego, son útiles y en algunos casos necesarias, que de ninguna manera pueden ser el principal eje sobre el que se centre el combate a la delincuencia, mucho menos suponer que en la atención a la pobreza estará el remedio definitivo para acabar con los criminales.

Prevención e inclusión social son indispensables en la arquitectura de la política criminal. La cultura de la denuncia, por ejemplo, aspecto en el que la ciudadanía debe movilizarse y denunciar, para que a los criminales se les detenga, enjuicie, sentencie y no haya impunidad, lo que lleva sin duda a que la ciudadanía recupere su integridad personal y social; y, el Estado, su identidad y vocación. No puede la ciudadanía asumir riesgos innecesarios que la ponga en peligro ante las represalias del crimen organizado, pero se requiere que crean en las autoridades y sus instituciones, en la eficacia de la denuncia, en la necesaria desaparición de la impunidad y en el respeto al Estado de Derecho. Ayuda en esto una ciudadanía dispuesta; redes sociales y medios de comunicación que demuestren su capacidad para incidir en las acciones de los gobiernos de todos los niveles, transformado la denuncia ciudadana y los reclamos de justicia en resultados reales y tangibles en casos concretos de alto impacto social, económico y político.

Necesario es redireccionar la participación ciudadana y utilizar en mucho las redes sociales, ya que su uso consciente, oportuno, técnico y bien encausado implica un mecanismo eficaz para el combate de algunos delitos como los relacionados con el fentanilo, el narcomenudeo o los feminicidios, así como para transparentar la actuación de las autoridades e inhibir la corrupción que se tolera entre servidores públicos, abogados y criminales que ven en el cohecho un medio para su supervivencia, toda vez que nada servirá si las autoridades no se comprometen realmente a dar resultados. Simulación y abandono no pueden seguir siendo la respuesta, puesto que se requieren acciones que materialmente se traduzcan en justicia, sólo así las instituciones podrán alcanzar la respetabilidad que se reclama.

De continuar por la ruta de los pragmatismos eficientistas malentendidos que reinan entre muchas autoridades, escondidos en falsas políticas criminales, seguramente la aspiración de seguridad a la que tenemos derecho nunca se concretará, debido a que lo cual a nada conduce; y más, por cuanto ante la impunidad rampante, la justicia bu serpa en su esencialidad y el crimen organizado seguirá triunfante en detrimento de lo bueno y mejor que debe ser en la sociedad, y no es ello lo que se quiere.

saulherrera.h@gmail.com *Abogado. Especializado en Gestión Pública. Derecho Administrativo y Contractual