Por: Ec. Esp. Omar Escobar
La inversión forzosa es una política económica que implementan los gobiernos en tiempos difíciles y van dirigidas a redistribuir la asignación de capital para estimular la inversión en ciertos sectores específicos de la economía. Bajo este esquema, las empresas están obligadas a destinar una parte de sus recursos financieros a inversiones en proyectos designados por el Gobierno.
En Colombia, esta política viene desde 1951, siendo presidente Urdaneta Arbeláez, donde alcanzó un récord del 25%. La ley quinta de 1973, tuvo como propósito estimular la capitalización del sector agropecuario, no obstante, tal figura fue eliminada gradualmente y ahora queda vigente los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA), creados por la Ley 16 de 1990 y emitidos por Finagro, que se fondean con el 1% establecida en el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, siendo presidente César Gaviria.
Llama la atención, que, en ese entonces, nadie tildó de expropiador a los ya mencionados, pues lo hubiesen tildado de ridículo. Sin embargo, en un país donde reina la política inculta antes que el tecnicismo, es obvio que hasta Duque sea presa del ridículo y demuestre ser un vasallo más del emporio financiero.
Para los amigos del neoliberalismo, “Todo lo que sea forzoso y obligado atenta contra el libre mercado y la confianza inversionista” sin embargo hasta la fecha, la banca privada ha tenido luz verde para manejar a su antojo los ahorros de los colombianos, llegando a ridículas tasas de captación y donde el usuario termina pagando al banco por sus propios ahorros… Con esas oportunidades, en febrero de este año, “de 18 bancos nacionales, 10 registraron pérdidas y los 8 restantes acumularon ganancias por 1.25 billones (Super Intendencia Financiera, 2024). Esto nos permite concluir dos puntos; por un lado, hay entidades que no tienen la experiencia para hacer el desarrollo financiero en sectores como la agricultura, por consiguiente, saldos en rojo. Por otro lado, están los que gracias a su habilidad logran acumular el capital para imponer sus condiciones a través de la tasa de colocación. Por fortuna, subsiste el Banco Agrario, que sí sabe cómo hacer ese financiamiento agropecuario y por su naturaleza ha contribuido -entre comillas- a fortalecer el desarrollo agropecuario.
Los peones del sistema financiero, o mal llamados analistas financieros, dicen tener miedo, incertidumbre – que no la tuvieron los de 1951 o 1993, pero si pueden crear pánico a través de los medios desinformativos, de los cuales, algunos pertenecen a los banqueros. En parte, tienen razón, miedo a perder el capital que tan barato consiguen en Colombia para luego prestarlo a altas tasas. Por otra parte, no es cierto que se verá perjudicada la población colombiana. De ser aprobado el proyecto, que lo dudo- los perjudicados serían los cinco grupos financieros más poderosos del país (Grupo Aval, Bancolombia, Colpatria-Scotibank, GNB-Sudameris, Davivienda), , pues manejan más del 80% del mercado financiero y de créditos en el país… eso es como quitar el dulce a un niño- Entonces, espere el berrinche de niño rico…es más, ya lo están haciendo a través de sus analistas, lobistas y al final, los despistados usuarios que terminen apoyando a sus depredadores.
Es una pena la ausencia de un debate sano y ecuánime, imposible bajo la desinformación y la tendencia mañosa y politiquera, que no permite analizar otros mecanismos como la competencia por captación, servicios agregados, líneas de crédito, alternativas a la insolvencia del usuario, democratización del crédito, control a la usura y tendencia oligopolista, que ha llevado al colombiano al uso del “gota a gota”.
Como siempre, si la derecha siembra falacias por mantener sus estructuras de poder, hay que orientarse por los nuevos empresarios y son bienvenidas las palabras de David Vélez – CEO de Nubank- “Realmente la forma de resolver tasas altas no es regulando, es aumentando competencia”.
