Melanio ZUÑIGA HERNANDEZ

Por: Melanio Zúñiga Hernández

La primera incógnita política de una nación con el cambio de gobierno es el conocimiento de su realidad, siendo imposible actuar sobre ella si no la conocemos, en el entendido que el problema económico colombiano no aparece en la actualidad claramente expuesto, ni por el gobierno saliente que aducía que el país no necesitaba de una nueva reforma tributaria, ni por el entrante que al parecer sobreestima las dimensiones de la misma.

Hoy el concepto del problema no es claro por si mismo. Todo lo contrario, pues no existe en general claridad sobre los argumentos de cada uno, cuyas circunstancias representan incertidumbre para los colombianos que, afectados por múltiples necesidades, aspiraciones y frustraciones, observan como espectadores mudos las controversias entre las partes que brindan respuestas diferentes según los interés y grupos sociales, económicos, intelectual y político al que corresponden.

Clarificar el problema es lo ideal, pero se complica con lo que podemos llamar “mecanismos de distracción”, parte por cierto del problema mismo “pan y circo”, en una tupida selva de artificios plantada y cultivada por quienes interesados en tapar la realidad y distraer a la nación en conceptos expresados en confusión, y bajo el supuesto de la seguridad de los de arriba, tratando de impedir que los demás se enteren suficientemente y actúen.

Como resultado de lo anterior surge la violencia desbordada que se contrae al levantamiento de fuerzas oscuras extremas en un enfrentamiento atroz contra el ciudadano de a pie, calificados como bandas emergentes que desplazan forzosamente a las familias que terminan afectadas por altos índices de desempleo  e inflación, donde los niños padecen los rigores de la pobreza, falta de escolaridad, con una salud y educación precaria y de baja calidad; permeada por una sociedad que no concibe ni acepta que vivimos en un país injusto, en donde padres de familia y mujeres madres cabeza de familia no pueden generar ingresos suficientes para atender sus necesidades básicas; dejando ver en el fondo un antifaz que trata de ocultar su realidad.

Surge entonces el asistencialismo que termina como otro recurso de distracción al que acude desesperadamente el Estado para contrarrestar la inconformidad de los ciudadanos, con el agravante que miles de personas sanas y con capacidad de trabajo, terminan cambiando su vocación de trabajo, convirtiéndose en dependientes “exclusivos” que buscan aliviar su situación a través de estos mecanismos de apoyo; monumental deformación del deber de solidaridad de una sociedad que contrae así la capacidad de producción de estas personas, afectando la productividad y crecimiento del país, sin que ello implique desconocer que millones de familia padecen desde hace muchos años necesidades apremiantes que requieren de este tipo de ayudas institucionales.

Lo que se vende entonces como economía prospera de Colombia, termina estando superpuesta sobre una sociedad empobrecida como la que tenemos hoy, no obstante tener unos índices económicos de crecimiento altos, que nos colocan entre el grupo de los países emergentes y en vía de desarrollo, cuando los índices sociales y vitales del grueso de la población son bajos, y nos ponen al nivel de los países mas atrasados de Asia, África y América.

A partir de este panorama surge en el nuevo gobierno la necesidad de una reforma tributaria “ambiciosa y progresiva” con los ciudadanos de recursos medios y bajos, en el entendido que son los que históricamente han tributado menos, y por tanto deben ser solidarios y contribuir con el sostenimiento del Estado y los programas sociales en ciernes; desconociendo el muy calificado ministro de Hacienda y Crédito Público y el equipo económico del presidente Gustavo Petro, que la evasión y elusión son el mayor “cáncer” que termina afectando la generación de ingresos públicos, y en donde es factible conseguir sin mayor esfuerzo el sesenta (60%) de los ingresos requeridos.

Los países organizados en régimen de libre competencia como el nuestro, desembocan fatalmente en sociedades donde unos pocos concentran la tierra, bienes y servicios, ingresos y oportunidades como sucede en Colombia, que no es un país que se pueda calificar con falta de riqueza, sino de desigual redistribución, concentrada en pocas manos que reciben el 75% de los ingresos, mientras el resto, entendido como la base o sectores populares perciben solamente el 25%; generalmente con remuneración de un salario mínimo que a pesar de su aumento histórico como se vendió a finales del año pasado, termina neutralizado por una inflación que se acerca al 12%, y una devaluación del peso frente al dólar de casi el 30%, que afecta de manera general a todos los productos de la canasta familiar.

La situación descrita no es estática sino dinámica, pues la concentración de riqueza en menor número de personas y grupos económicos en Colombia es mayor cada año, producto de la generación de grandes utilidades como sucede con las entidades del sector financiero y las grandes empresas y negocios, que frecuentemente se escudan en una tributación demasiado alta que llaman confiscatoria; acentuando la pobreza de grupos mayoritarios que en gran medida su única salida para generar ingresos que garanticen la supervivencia de sus familias, está en la economía informal.

La depuración de las bases de datos por parte de las entidades públicas se infiere como una necesidad urgente que contribuya a reorientar la asignación de los subsidios a los sectores más pobres realmente necesitados, permitiendo que las personas con capacidad productiva puedan ser incluidos en programas de emprendimiento reales, previa formación y organización en entidades como microempresas, cooperativas especializadas por sectores y actividades, así como mutuales y otras que les permitan generar ingresos.

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