Por: José Manuel Herrera Brito

La ética en la administración pública, que la sabemos como el conjunto de los órganos mediante los cuales el Estado, las entidades, los municipios y los organismos descentralizados atienden a la satisfacción de las necesidades generales que constituyen el objeto de los servicios públicos; vista a través de los estudios realizados por los diferentes actores claramente es la solución para que la gestión se dé orientada hacia los intereses colectivos y no se mire el interés privado, no se podrá obtener sin formar a los servidores públicos en sólidos criterios de conducta ética, por lo tanto, el comportamiento correcto de éstos es una condición necesaria para lograr un mejor nivel de vida y un adecuado desarrollo de los ciudadanos con un país competente para la comunidad de naciones.

Individualmente consideradas, los conflictos de las personas se plantean una y otra vez, y la alternativa de obrar bien o mal se presentan permanentemente. El ejercicio del poder público está presente siempre cuando se adjudica la licitación, cuando se elige un funcionario, cuando se ejecuta el presupuesto público, pero es decisión del funcionario que se esté acorde con el código de ética la realización de esta función o simplemente simulen una legalidad que no existe, lo que es grave sobremanera y encamina a la corrupción.

La función pública, …que entendemos en sentido amplio como la noción de función pública atañe al conjunto de las actividades que realiza el Estado, a través de los órganos de las ramas del poder público, de los órganos autónomos e independientes, y de las demás entidades o agencias públicas, en orden a alcanzar sus diferentes fines; y, en sentido restringido, al conjunto de principios y reglas que se aplican a quienes tienen vínculo laboral subordinado con los distintos organismos del Estado. Por lo mismo, empleado, funcionario o trabajador es el servidor público que esta investido regularmente de una función, que desarrolla dentro del radio de competencia que le asigna la Constitución, la ley o el reglamento… implica servicio a la ciudadanía, y destaco que se mantiene la confianza en la administración y sus instituciones al elevar la calidad de la administración pública mediante la conducta honesta, eficiente, objetiva e íntegra de los funcionarios en la gestión de los asuntos públicos ojalá alguno de los funcionarios lo hagan, pues si algún día se quiere ser un país desarrollado y con altos estándares de calidad en la prestación de servicios se debe dejar de pensar en el propio bienestar y pensar en el bien colectivo.

De ahí que importante sea dejar de abundar en hacer normas, códigos y documentos que no se ponen en práctica y encontrar mecanismos que permitan realizar un adecuado control para que quien este fuera de la ética y la transparencia reciba el condigno castigo; toda vez que interesa hacer hincapié, en la verdad que los ciudadanos están cansados de la corrupción, que se trasgredan sus derechos, hasya el punto que la gran mayoría de los individuos piensa que los servidores públicos solo sirven para robar desvirtuándose completamente la actividad real por la cual existe la función pública.

Este conjunto de circunstancias alienta, a su vez, a actores de la política interna que ya no encuentran suficiente su labor nacional, sino que consideran necesario complementarla mediante esfuerzos conjuntos para la expansión de las cuestiones de ética para prevenir la corrupción que somete a los Estados y a sus dirigentes al riesgo de un cierto desprestigio de no articular con el contexto internacional de combate a la corrupción; razón de peso para que cualquier intento por fomentar la ética pública sea de capital importancia para recuperar la credibilidad en ella, siendo esencial reforzar los hábitos y el espíritu de servicio, tarea que compete a una ética pública, en lo que importa generar convicciones, forjar hábito desde los valores y las metas que justifican su existencia y razón de ser. saramara7@gmail.com

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