Por: Movimiento Extensionistas de Colombia
El año 2024 fue un año de contrastes para el sector agropecuario colombiano. Si bien los indicadores económicos fueron positivos, con un crecimiento del PIB agropecuario del 10.7%, los desafíos estructurales persisten. Este balance del desarrollo rural en Colombia 2024, nos invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer un sistema de extensión rural que conecte a las comunidades con las políticas públicas y transformar el sector rural mas allá de la entrega de tierras y recursos.
Lo bueno:
El sector agropecuario reafirma su papel como motor económico del país, con un crecimiento del PIB agropecuario del 10.7%. Sin embargo, preocupa la falta de políticas sostenibles que consoliden este avance. La reforma agraria, aunque más activa que en gobiernos anteriores, necesita un enfoque integral que incluya asesoría técnica y extensión rural para convertir las tierras entregadas en proyectos productivos sostenibles.
Productos como café, aguacate y cacao destacan en el comercio internacional, pero su éxito debe replicarse entre pequeños y medianos productores mediante estrategias inclusivas de extensión agropecuaria. Por otro lado, los avances normativos, como la Jurisdicción Agraria y la política de agroecología, ofrecen oportunidades para construir un sistema rural más justo, siempre que su implementación cuente con los recursos necesarios y el acompañamiento de expertos en el territorio.
Finalmente, las organizaciones rurales han demostrado liderazgo en innovación y resiliencia, lo que resalta la necesidad de políticas que prioricen la capacitación, el fortalecimiento asociativo y el acceso equitativo a recursos para garantizar un desarrollo rural sostenible.
Lo malo:
El campo colombiano enfrenta desafíos críticos que amenazan su desarrollo. La inseguridad, reflejada en 175.000 desplazados y un aumento del 49% en el reclutamiento infantil, limita la vida de las comunidades y dificulta la implementación de políticas públicas.
Es urgente una estrategia integral que articule desarrollo, seguridad y paz. A esto se suma la deforestación provocada por la expansión ganadera y la minería ilegal, lo que demanda políticas productivas sostenibles lideradas por la extensión agropecuaria. La falta de planes a largo plazo y la desconexión entre los presupuestos históricos asignados al sector y las necesidades reales del territorio reflejan una deficiencia estructural.
Además, las inundaciones en Chocó y La Guajira evidenciaron la vulnerabilidad del país frente al cambio climático, subrayando la importancia de incluir la adaptación climática como prioridad transversal en las políticas agropecuarias, con la extensión rural como eje central.
Conclusión:
El año 2024 dejó en claro la necesidad de una transformación estructural en la política rural. Si bien hubo avances, estos son insuficientes para abordar los problemas históricos del campo.
Desde los Extensionistas de Colombia, reiteramos que el desarrollo rural exige más que la entrega de tierras y recursos: requiere acompañamiento técnico, seguridad integral, sostenibilidad ambiental y una visión estratégica que reconozca al sector agropecuario como el pilar fundamental del desarrollo nacional.
Este es el momento de fortalecer un sistema de extensión rural que conecte a las comunidades con las políticas públicas, mientras se impulsa un liderazgo político desde el Movimiento Extensionistas de Colombia, comprometido con el bienestar rural por encima de los intereses cortoplacistas.
