Por: José Manuel Herrera Brito
La corrupción, flagelo maldito sin duda, nos dice Transparencia por Colombia, consiste en el abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones, y nos refiere además que puede ser tipificada como pequeña y gran corrupción. Pequeña, cuando es entendida como el conjunto de actos en que se conceden gabelas, ventajas o tratamientos preferenciales en contratos de bajo monto o en trámites ante el Estado; y gran corrupción o a gran escala, que consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común. El Banco Mundial nos la define como el uso indebido de servicios públicos para beneficio personal.
Independientemente de lo consignado en su definición, que necesitemos o no de una o varias reformas tributarias; o, de más o menos cargas impositivas, importa en manera importante y urgente por parte de todos, un combate frontal y a fondo contra la corrupción, lo que nos aliviará en los más de los sentidos y permitirá que los recursos que se eviten ir a perversos destinatarios, sean destinados en la sociedad en su conjunto, en la seguridad que con creces se mejorarán las condiciones de vida de nuestros núcleos mayormente necesitados, mismos que necesitan beneficiarse de las acciones mejores y superiores del Estado.
El nuevo equipo económico de la actual administración debe ir sin más dilaciones y sobre bases ciertas tras la búsqueda y procura de alternativas que permitan al sector empresarial oportunidades de sostenimiento en el mercado, en la certeza que es este segmento de la sociedad generador de empleo y quienes realmente más contribuyen al desarrollo y crecimiento del país; e ir significativamente contra la elusión y la evasión de impuestos, de la que se dice alcanza anualmente alrededor de los 20 billones de pesos.
La corrupción debe desaparecer de la faz del país, lo que debe sernos un imperativo. Contra ella debemos impermeabilizarnos como inaplazable tarea. Blindarnos. Hacer que los impuestos cumplan su función y se vean las obras en las que los mismos se invirtieron. Que no se vea como viendo estamos, pobreza y miseria. Fallecimientos por desnutrición y hambre. Caravanas de blancos elefantes a lo largo y ancho de la geografía patria, lo que es una vergüenza ante propios y extraños. Y amen de lo cual, una impunidad que cabalga rauda por todos y cada uno de nuestros rincones. Conjunto de desafueros que nos han llevado a estar rezagados por nadar en las aguas turbias y turbulentas de una corrupción significativamente elevada y ostensiblemente perniciosa. Todo esto debe cambiar. Hacernos más equitativo como país y ver por fin que las acciones en beneficio social lleven con prisa y sin pausa a ese superior desarrollo y crecimiento que bien y mejor puede adelantarse desde las propias realidades, ventajas comparativas y vocaciones municipales, departamentales y regionales. Es la misión a cumplir y a fe que tiene que hacerse. saramara7@gmail.com