Álvaro Beltrán Pinzón

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Una particular acción legal ha instaurado el gobierno mexicano contra diez empresas fabricantes de armas, ante el tribunal federal de Massachusetts, al considerar que el derramamiento de sangre provocado por los cárteles del narcotráfico en su país, está siendo auspiciado por el flujo de armas que los inundan; se anota que 70% de las armas utilizadas por los delincuentes provienen de los Estados Unidos.

En virtud de la Segunda Enmienda, según la cual, todo ciudadano está facultado para poseer y portar armas, cientos de personas compran por separado unidades que entregan a los grupos delincuenciales que operan en México y otras latitudes, sin control alguno. Se les acusa de fabricar armas con destinación específica, como es el caso de una pistola marca Colt que tiene grabada la imagen y la frase atribuida al líder Emiliano Zapata: “es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado”.

Las posibilidades de éxito de la querella son muy limitadas teniendo en cuenta que la ley federal garantiza inmunidad a los fabricantes contra las demandas de las victimas de la violencia armada y sus familiares, como ha ocurrido con las matanzas que han sembrado de luto diferentes comunidades de Estados Unidos.

Existen sentencias y conceptos que han hecho carrera, tales como: “vender armas a minoristas que puedan tener vínculos con grupos delictivos no es necesariamente un delito; descuido en el expendio no es sinónimo de culpabilidad; no hay ley que prohíba tener gravados revolucionarios mexicanos en un arma; el único responsable de hacer cumplir las leyes de control y uso de armas dentro de su país, es el gobierno mexicano”.

Sin embargo, esta demanda, aún en el caso de ser adversa, tiene la virtud de poner en discusión la necesidad de regular la legislación más flexible del mundo en comercialización de armamento.  Pone de manifiesto la doble moral que se administra al juzgar las responsabilidades de los países proveedores de armamento frente a aquellos donde se asientan productores de estupefacientes y, por supuesto, la incumbencia de un gobierno sobre el uso indebido de armas y drogas que se presente en su territorio.