Por: Iván Bohórquez Zapata*
MUNICIPIO, POLÍTICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
En dirección a una buena y mejor conducción municipal, interesa que se orienten de manera óptima sus funciones, ver hasta dónde puede llegar su acción y analizar la naturaleza y tamaño de los límites que se encuentran en el devenir administrativo, por lo que importa orientar de la mejor forma y manera posible sus objetivos, el entorno de competencias del municipio y los principales obstáculos a los que se debe enfrentar para desarrollar una acción plena y efectiva en beneficio colectivo.
Respecto de la orientación de objetivos, es clave que los municipios se alineen en gran parte y progresivamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), puesto que los mismos interpelan a todos los gobiernos a trabajar en la consecución de 17 objetivos con el horizonte de tiempo del final de la próxima década fijando los cuales unas metas y unos compromisos políticos para su cumplimiento, puesto que llaman a la acción de todos los niveles de gobierno, de modo que los gobiernos locales deben sumarse a los compromisos de dicha Agenda mediante el establecimiento de objetivos y metas, la determinación de los medios de implementación y el uso de indicadores para medir y hacer seguimiento de sus avances. La Agenda 2030 fue acordada y firmada por los gobiernos nacionales, aunque reconoce en manera importante el papel crucial de los municipios y las autoridades que las gobiernan para alcanzar el desarrollo sostenible.
En consonancia con esta realidad, los municipios de una u otra manera han empezado a integrar los ODS en aras de una mayor efectividad en el diagnóstico de sus problemas, en la planificación integrada de su acción (al alinearla con los objetivos) y en la medición de sus progresos. La integración de los ODS no implica por tanto un cambio de las políticas, programas y actuaciones desarrollados a nivel local, pues los municipios ya están orientados al cumplimiento de tales fines. Se trata más bien de su utilización como instrumento para reforzar algunas actuaciones, inspirar otras, dotar de mayor integración a la acción local o abrir algunas vías de acción. Constituyen, en definitiva, una bandera de atracción para fortalecer una aspiración que de por sí es local en su naturaleza; esto es, mejorar el bienestar de la comunidad en su conjunto. El seguimiento de esta empresa de orientación de políticas por parte de los municipios será de enorme interés en los próximos años.
En cuanto a la delimitación de las competencias de los municipios, el sistema de reparto de competencias entre los distintos niveles de gobierno en España otorga a las ciudades un papel importante en la consecución del bienestar de la comunidad, aunque no fundamental. En primer lugar, desarrollan servicios e infraestructuras básicas necesarias para el buen funcionamiento municipal como espacio físico; además, el sistema legal otorga a los gobiernos locales la facultad de complementar las actividades de los niveles superiores de gobierno. Cuando la situación económica de los municipios es favorable y se detecta una fuerte demanda ciudadana que otras administraciones no satisfacen o no estaban satisfaciendo, los municipios expanden su acción hacia políticas propias del Estado de bienestar y despliegan servicios muy valorados por los ciudadanos en la búsqueda y procura de un superior desarrollo local; y, no obstante que se han limitado muchas acciones, algunos municipios desde la sensatez han seguido implementando políticas complementarias propias del estado de bienestar.
En relación con las barreras a la acción de los gobiernos locales, y como continuación de lo anterior, cabe resaltar que los municipios se enfrentan a grandes retos con capacidades limitadas. La posición institucional de sus gobiernos en el esquema de gobierno multinivel que caracteriza los sistemas políticos varía de país a país y no acaba de tener la fortaleza necesaria para dar respuesta a los retos que enfrentan.
Es por ello que la mirada de los responsables político-administrativos de los municipios apuntan a lo que deberían hacer y lo que de hecho pueden hacer en función del poder que tienen atribuido. Esto es, consideran que tienen menos recursos (políticos, jurídicos, económicos, organizativos y relacionales) de los que deberían tener para dar una respuesta adecuada a los retos urbanos. Mientras que en la dimensión política no parece haber problemas puesto que las ciudades se ven con un estatus y una potencia adecuados, en las dimensiones económica y organizativa el déficit se ponía de manifiesto.
Entre nosotros el grado de autonomía para determinar el nivel de ingresos se estima bajo o muy bajo y, por otra parte, se apunta claramente a la necesidad de reforzar la capacitación del personal del gobierno y la administración municipal en habilidades de gestión, en definitiva, de poseer las destrezas gerenciales que les habiliten para diagnosticar problemas y proponer soluciones. Son debilidades compartidas por todos, de ahí que haya cada vez más voces que demandan más poder para los municipios, especialmente los más grandes.
Iván Bohórquez Zapata. ibozap@yahoo.es Administrador Público. Especializado en Gerencia de Proyectos de Desarrollo. @ivnBohorquez1
