Por: Rubén Darío Ceballos Mendoza*
Los miles y tantos más variados episodios de irregularidades y corrupción rampante en los últimos años ponen en evidencia plena la mala, pésima y peor conducta de los servidores públicos, así como también de manera profusa el deficiente funcionamiento de los entes de control público, lo que denota la poca atención que el Estado presta a los dictámenes y recomendaciones que en numerosas ocasiones se han realizado respecto de la importancia, labor y gestión que tales organismos deben realizar.
En un sistema democrático y congresista, las responsabilidades por la administración del Estado están distribuidas en numerosas reparticiones con diverso grado de autonomía. Todos responden, en última instancia, a algún ministerio o a un organismo descentralizado. El control sobre el cumplimiento de las normas y los programas de las reparticiones corresponde, en primer lugar, a los titulares de esos ministerios y organismos descentralizados, pero también a otras oficinas de control que tienen autonomía y son, o deberían ser, independientes de los cuerpos que deben monitorear. De este modo se procura establecer un sistema de controles cruzados para mejorar la calidad de la tarea y evitar la formación de complicidades. Cuando este sistema no trabaja como debería por falta de decisión política o por falta de recursos, o cuando el resultado de su trabajo no es tomado en cuenta por las autoridades, aumentan las posibilidades de desidia o corrupción en la administración de la cosa pública.
Se encargan los organismos de control entre otros aspectos, de la auditoría externa e interna del desempeño estatal; sobre el sector privado que la constituyen los entes reguladores de los servicios públicos, caso en el que se trata que el Estado como representante de los intereses generales de la ciudadanía, vele por el cumplimiento de los contratos de concesión de servicios en todos sus aspectos. Según la experiencia, desde el principio de las privatizaciones, el trabajo de estos organismos presenta deficiencias que generan una mala asignación de recursos fiscales y la insatisfacción de los usuarios de los servicios en forma permanente.
Los entes reguladores son objeto reiterativo de informes críticos sobre su desempeño ineficiente y control insuficiente del cumplimiento de los contratos y que además no aplica las medidas definidas previstas por tales falencias, presentando un cuadro de mal funcionamiento de los organismos del Estado en un aspecto central como es el sistema destinado a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y el adecuado manejo de los recursos formados con el aporte de los contribuyentes, situación que al mismo tiempo que permite obtener ganancias indebidas a personas de los sectores público y privado, afecta derechos de los ciudadanos y, en general siembra desconfianza sobre la imparcialidad estatal y sobre la seguridad jurídica.
Las irregularidades y episodios de corrupción de los últimos tiempos dan cuenta de un mal desempeño de organismos de control estatal responsables de monitorear el trabajo de los funcionarios públicos. También hay deficiencias en la tarea de los entes de regulación de servicios públicos, situación que afecta el patrimonio público, a los ciudadanos y de contera genera inseguridad jurídica.
*Jurista. rubenceballos56@gmail.com
