Por: Rafael Robles Solano*
Con los acontecimientos de los últimos días, en particular, me refiero a la multitud de incendios que azota a diferentes regiones del país, observamos y asistimos sorprendidos al descubrir que nos enfrentamos a una grave crisis, por la falta de previsión y preparación de las entidades responsables en la atención de las emergencias que nos ocupan.
Para abordar este tema, inicialmente recurro al DNP (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN), que, con fecha de diciembre 5 de 2023, publicó un documento al cual me permito aludir, en el que el Gobierno explica en qué consiste el PND (PLAN NACIONAL DE DESARROLLO), del qué cito textualmente lo siguiente: “Es el documento que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el Presidente de la República a través de su equipo de Gobierno. Su elaboración, socialización, evaluación y seguimiento es responsabilidad directa del DNP.” De otra parte, señalar, que es ésta, la DNP, la encargada de coordinar a todas las entidades y organismos públicos para garantizar el debido cumplimiento y ejecución de las políticas, los programas y los proyectos en el PND. Entonces, “El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el instrumento formal y legal por medio del cual se trazan los objetivos del Gobierno permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión.” Cuenta con la aprobación del Congreso mediante la Ley 2294, del 19 de mayo de 2023 y cubre vigencias desde el 2022 al 2026, además gira en torno a cinco ejes principales de transformación gubernamental a saber: “Ordenamiento del territorio alrededor del agua, seguridad humana y justicia social, derecho humano a la alimentación, transformación productiva y convergencia regional.” Su financiación está garantizada con los recursos necesarios para aportar al cumplimiento de las metas trazadas en el PND, de acuerdo con las estrategias y objetivos establecidos, pero que desafortunadamente no logran armonizarse.
Este breve recuento sirve de pretexto para analizar las razones de la distribución de los recursos asignados al presupuesto nacional de los años 2023 y 2024, mirar cómo está distribuido, el cual consiste en destinaciones que van desde los socioeconómicos, pasando por gastos de funcionamiento, con el 61,8%, pago de la deuda externa, bienes y servicios, transferencias y otros rubros, con el 18,8% y finalmente, los de las inversiones públicas de acuerdo a la composición administrativa del Estado: ministerios, departamentos y municipios, con el 19,4%.
Sin embargo, en el presente caso, con ocasión de los hechos que motivan estos cuestionamientos, descubrimos que los organismos responsables de atender las graves emergencias que ahora nos afectan, fueron objeto de sustanciales recortes en sus presupuestos, de modo que entonces no están preparados para atender debidamente las contingencias las climáticas resultantes del fenómeno del Niño, las sequías y heladas, con incendios en zonas de reservas forestales como en los cerros orientales de Bogotá, los páramos de Berlín y San Turban, (Santander), las Hermosas, (Valle del Cauca), Sierra Nevada de Santa Marta, el rio Bita, en Puerto Carreño y el parque nacional El Tuparro (Vichada), accidentes, como el túnel de la vía al llano, los que podemos extender a desastres naturales, la tragedia de la carretera que conduce de Medellín (Antioquia) a Quibdó (Chocó), por citar algunas de las más recientes.
En consecuencia, la triste realidad es que las acciones estatales no serán preventivas y como históricamente sucede en Colombia, son los acontecimientos los que determinan las reacciones tardías, tendientes a mitigar, contrarrestar y disponer medidas provisionales de ayudas y asistencia a las familias de las víctimas y a los damnificados de los desastres naturales, como se evidencia con la presente crisis, porque las entidades encargadas están desfinanciadas y carecen de recursos para el mantenimiento de equipos, cuando los tienen.
* Secretario Ejecutivo LIDERESOCIAL. lideresocial@hotmail.com
