Por: Rafael Robles Solano*.
Para apreciar didácticamente estos análisis y zozobras de muchos, es necesario recordar y precisar que los procesos del Sistema Integral para la Paz, fueron concertados entre Juan Manuel Santos con las FARC en 2016, y tienen como fundamento los principios de: Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Los cuales se consolidaron con leyes que implementaron la creación de la Justicia Transicional, como: La J.E.P. (Justicia Especial de Paz), encargada de investigar, escuchar y juzgar los delitos de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento de menores, acceso carnal violento y demás formas de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto armado, por cuenta de excombatientes de las FARC, de las Fuerzas Públicas (militares), otros agentes del Estado, paramilitares y terceros civiles, los cuales tienen aterrorizados a estos últimos, que esperan evitar que se les implique y juzgue por su participación en dichos delitos, pero que aún se ocultan en los poderes derivados de los regímenes de corrupción denunciados por Petro.
Durante los últimos meses, las autoridades de la JEP, continúan dando a conocer algunas declaraciones de líderes del paramilitarismo, dejando ver que después de varios lustros de estar recibiendo denuncias, recogiendo testimonios de las víctimas y autores de los múltiples actos de violencia, cometidos durante más de medio siglo por los actores del conflicto armado, hechos que en su momento fueron duramente rechazados y criticados por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, que los negó durante sus ocho años de gobiernos, en especial, cuando se trataba de valorar actos tales, como fueron los asesinatos selectivos, las masacres, las desapariciones, las violaciones, los confinamientos y los despojos, para apropiarse de las tierras azotadas por las confrontaciones armadas, por medios y actos revestidos de legalidad, pero que en realidad fueron ilícitos, evidenciando que todavía se hallan realizando investigaciones para esclarecer y decantar alcance y magnitud estos trágicos crímenes de lesa humanidad, cometidos por estos siniestros personajes (hoy convocados a los procesos de paz por el gobierno del Mandatario actual, los mal llamados, Gestores de Paz), además, apoyados por aquellos terceros, que participaron del conflicto, sin llevar armas, ni lucir uniformes, me refiero a los que financiaron, se lucraron y beneficiaron de los desplazamientos masivos.
Al respecto traigo a colación lo que recientemente denunció Petro, cuando reprocha públicamente que existen sin resolver más de 17.000 denuncias en manos de la Fiscalía y la justicia ordinaria; a las que se pueden adicionar las dilatadas o las estancadas investigaciones de las demás autoridades judiciales, como la Corte Suprema de Justicia, que si bien investigó preliminarmente a 67 congresistas, no los pudo sentenciar porque hábilmente la mayoría renunciaron a sus investiduras para evitar ser juzgados por esa instancia, pero que ahora pretenden ser aceptados en la JEP, como Zulema Jattin, Musa Besaile, Álvaro Ashton, Salvador Arana, Pedro Muvdi, Efrén Hernández, Habib Merheg, Álvaro García Romero, Jesús Puello, Héctor Alfonso López, etc., corroborando lo afirmado por los paramilitares, cuando dijeron tener copado más del 35% de todo el Congreso de esa época. Exministros como Sabas Pretel; exgobernadores, exalcaldes, exconcejales, etc. Y militares como el general ® Paulino Coronado, los coroneles Santiago Herrera y Rubén Darío Castro, junto con otros oficiales de altos rangos, sobre quienes se espera la imputación de cargos por diferentes delitos cometidos, como los espeluznantes falsos positivos, negados todavía por los devotos seguidores de AUV, quienes aducen que son meras persecuciones.
Y aclaro, que éste es un tema delicado y doloroso, porque no solo pone en evidencia la barbarie y los desafueros cometidos por todos los involucrados y actores directos en dicho conflicto, sin embargo, con estos, concurren otros, muchos de los cuales, en especial, los que participaron en la sombra, los determinadores, financiadores y autores intelectuales, entre los que se destacan poderosos políticos, grandes hacendados y ganaderos, influyentes empresarios e inversionistas, que aún no han sido llamados a responder ante la justicia, y que actualmente se encuentran disfrutando impunes de bienes adquiridos irregularmente, porque fueron mal habidos, reafirmando como imperan todavía en nuestro medio los regímenes de corrupción.
En el presente caso, coinciden los paramilitares hoy sometidos y acogidos por la JEP, entre ellos Salvatore Mancuso, Ernesto Báez, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, en particular, la mayoría de los que fueron extraditados por Álvaro Uribe Vélez, quienes sostienen que fueron engañados y traicionados tras la firma del Pacto de Ralito, en julio de 2001, para evitar que sus testimonios fueran escuchados y validados como está sucediendo ahora con la JEP.
*Secretario Ejecutivo LIDERESOCIAL. lideresocial@hotmail.com
