Por: Carlos Flórez Sarmiento*

Las autoridades, y es mandato constitucional, tienen la función de proteger a todas las personas en sus derechos y libertades. Estamos afectados de manera grave los colombianos. Lo que es más que evidente como lo señalan las cifras a este tenor, por la espantosa, terrible y aterradora inseguridad, lo que es de común ocurrencia en todos los rincones patrios, pero especialmente en la ciudad capital del país. No paran un segundo los constantes ataques y amenazas de las organizaciones subversivas, entre ellas las supuestamente comprometidas con el cesa al fuego, las disputas territoriales, los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes, así como las crecientes acciones criminales de la delincuencia común.

Hemos perdido todos, lo que es sumamente lamentable sin duda, la tranquilidad necesaria para el ejercicio de libertades y derechos. Presa fácil somos de agresiones en calles, caminos, veredas, restaurantes, negocios de todo tipo, transporte público y privado y hasta en nuestras propias viviendas. Pareciera habernos acostumbrado sin reacción, a ver y escuchar por doquier informes y noticias sobre matanzas, atentados contra sedes de la Fuerza Pública, asaltos, acciones de sicariato, secuestros que no retenciones como los justifica este gobierno y sus autores, amenazas, extorsiones, chantajes, asesinatos de líderes sociales, enfrentamientos entre bandas, desplazamientos forzados y demás otras de las muchas modalidades delictivas existentes que tienen a la sociedad en vilo y al borde del colapso.

Somos víctimas de todas las conductas criminales habidas y de impunidad. No hay acciones ciertas, contundentes ni la aplicación real del peso de la ley por parte de las autoridades. Apenas tímidos anuncios de recompensas, luego de daños ocasionados. No vemos castigos ejemplarizantes respecto de los responsables.

La ciudad capital y sus alrededores es de suyo insostenible, con un gobierno que parece no enterarse de lo que en sus narices acontece. Una Secretaria de Seguridad, que, a pesar de estar en manos de un ex General de la Policía, es comentario general que, sus colaboradores son un cero a la izquierda, desconocedores que es la seguridad un bien fundante y son calificados además como simples “gana sueldos” por la ciudadanía en general, afectada en grado sumo por la inoperancia de los funcionarios de dicha secretaria que parece no percibir lo que en la ciudad sucede.

No hay acciones de valía en dicha dependencia. Prefieren perorar, el bla… bla… bla… a actuar como debieran, corresponde y les compete, al tiempo de trasladar las culpas de su ineficiencia e ineficacia. No han entendido que es el gobierno distrital en este caso por mandato constitucional, la primera autoridad de policía, y que ella, por conducto de su comandante, debe cumplir sus órdenes con prontitud y diligencia. Son solo imprevisión, imprecisión e improvisación, reflejadas de bulto en las una y más medidas erráticas que adoptan como solución y que solo han servido para empeorar las cosas, lo que indica a las claras que rodea a la alcaldesa una Secretaría de Seguridad que por lo que hace, no debería existir. Inoperante a todas luces. No se ha comprendido tampoco que la inseguridad hace perder a la ciudadanía el derecho a su libre circulación; y además que, sin seguridad, valor fundante repito, no hay ni habrá libertad ni derechos. No es esa Secretaría garantía de nada positivo en el Distrito a este tan importante tenor de la seguridad. Menos mal que van de salida, a ver si mejores rumbos esperan a la ciudadanía y comunidad en general en este tan esencial contexto de la seguridad.

*Abogado. Especializado en Derecho Administrativo. Magister en Seguridad. Ex Edil de Usaquén. Candidato al Concejo de Bogotá