La agricultura cada vez necesita menos tierra y la cuestión es aumentar la competitividad del campo. Pero la ideologización de la política agraria está avivando los conflictos sociales.

Enrique Herrera Araújo*

Agricultura sin tierra

La agricultura del futuro se produce cada vez en menos tierra. Y generalmente, entre menos tierra, la producción es más intensiva, más productiva, pero, sobre todo, más competitiva.

Hoy se produce carne sin vacas y sin tierra: es la llamada carne sintética. Esa que demanda menos agua, no deforesta ni produce gases invernadero y que consumirán en masa las próximas generaciones. Es la agricultura de laboratorio.

Cada vez más se expande también la agricultura urbana, conocida como periurbana, la de huertas y aromáticas que se cultiva en edificios y balcones. Suiza no tiene una sola mata de cacao pero produce el mejor chocolate del mundo.

Por su parte, los millennials y la Generación Z están aumentando el consumo de productos sin traza animal, a tal punto que los supermercados en Europa incrementaron este tipo de ventas. Un ejemplo de ello son las famosas carnes a base de plantas de Beyond Meat. 

En resumen, el  foco no está en ser propietario de la tierra, sino que la clave está en ser competitivo con lo que se produce.

Aumentar la productividad

El punto por resolver es si el asunto es tener tierra o, más bien, ser competitivo con esta. Se puede ser muy productivo en café, en soja, en maíz o en lo que uno quiera, pero al mismo tiempo no ser competitivo y perder plata en el negocio.

Esto puede ocurrir porque se sobre ofertó el producto y se achichó el precio; o por problemas con las vías y la agro-logística; o por inseguridad; o por la tasa de cambio; o porque los agro-insumos y el transporte subieron de precio; o porque no se comenzó por el principio, que en el caso de la agricultura resulta ser paradójicamente el final, es decir, por el mercado.

El mercado, que es el último consumidor, es el principio de todo, aunque casi ninguna política agraria comience por ahí.  Sin mercado la travesía naufraga y si no se es competitivo, también. En este sentido, el programa de Agricultura por Contrato deben convertirlo en  política de Estado.

La ideología ni la tierra deben ser el eje de la reforma agraria de Petro ni del desarrollo agrario y rural; debe ser la competitividad inclusiva promovida a través de los incentivos y no de la amenaza tributaria.

Colombia ocupa el puesto 20 entre 25 países en el índice de competitividad agropecuaria y está por debajo de los vecinos (Ecuador, Chile, Perú, Brasil, Uruguay, Argentina y Bolivia).

El Ministerio de Agricultura debe entonces apostarle a una agricultura verde, digital y competitiva, que busque desarrollar los mercados agrícolas, forestales, pecuarios, pesqueros y acuícolas y comenzar por el principio, es decir, por el mercado.

Invasión de tierras

La tierra, por su parte, está presa del pasado, de la ideología y de los bibliotecarios del agro. Es más, es una víctima de ello y puede convertirse en un nuevo Florero de Llorente. Como el abordaje a la tierra es ideológico y no pragmático, se vuelve político y también electoral.

Por esto han proseguido las invasiones de predios sembrados de caña en el Cauca. Son predios productivos que los invasores arrasan. Destruyen riqueza y un aparato productivo. En el Valle del río Cauca (Cauca, Valle, Caldas, Risaralda y Quindío) hay 244000 hectáreas plantadas. El 75 % pertenece a cerca de 7500 cultivadores, o sea pequeñas propiedades, y el 25 % a los ingenios.

En el Cauca, en los últimos dos meses se han disparado las invasiones. Se han presentado más de 15 afectaciones en los municipios de Padilla, Guachené, Caloto y Miranda y en lo que va del año han invadido aproximadamente 800 hectáreas de las 6400, las cuales siguen afectadas.

Ello puede promover un fenómeno de contagio en otras zonas del país y hay que recordar la máxima: “Si quieres acabar una economía, comienza atacando su bien más preciado: la propiedad privada”.

Además, en el caso del Cauca están vulnerando el derecho a la propiedad privada y el del trabajo de los cañeros y de toda la cadena de suministro y de comercialización que participa en ese ecosistema de negocio. 

Si el problema se extiende en el país y se suma a las reformas tributaria, de salud, de pensiones, de la policía y a la prohibición del fracking, puede formarse la tormenta perfecta para, con movilizaciones sociales y digitales, paros y malos indicadores macroeconómicos, desestabilizar al gobierno y causar zozobra.

Para esto hay que desanclarse del pasado ideológico de la tierra y centrarse más en el acceso a la producción y transformación agraria que en la adjudicación, en calidad de propietario, de un predio.

El fracaso del reparto

Todo eso sin desconocer que en Colombia hay inequidad en la distribución y acceso a la tierra. El índice de Gini es de 0,8789, la informalidad de la tenencia de la tierra se estima en un 52 %  y  apenas el 37,4 % de los hogares rurales tiene acceso a una parcela,  según la Encuesta de Calidad de Vida de 2011 del dane.

La pregunta es entonces si la reforma de Petro podrá redistribuir la tierra rural, en un sistema de libre mercado y democrático. Creo que no, y las cifras y la historia de la gestión del Estado en la distribución de tierras respaldan esta aseveración.

El informe de auditoría de la Contraloría General de la República del 2012 indica que en un período de 49 años, entre 1962 y 2011, se titularon 60,7 millones hectáreas de la siguiente manera: 52,1 % para constitución y ampliación de resguardos indígenas; 33 % a la titulación de baldíos a desplazados, campesinos y reinsertados  y el 8,7 % para comunidades afrodescendientes;.

Gestión incora e incoder 1962-2011

Fuente: Contraloría General de la República

Es decir, la gestión consistió en adjudicar el derecho de propiedad por razones ancestrales, étnicas y por ocupación de baldíos y apenas el 4,5 % (compra directa, DNE, Fondo Nacional Agrario y subsidio integral de tierras) corresponde al impacto de la política estatal, vía presupuesto, de la redistribución de la tierra.

“Vivir sabroso” en el campo

En lo que corresponde a acceso a la tierra, la reforma agraria podría crear un subsidio integral de arrendamiento de tierra rural a la población campesina para garantizar el derecho a la tierra, a la producción y al ingreso. Así, con menos presupuesto, entregar más tierra y beneficiar a un mayor número de familias.

Sin embargo, la adjudicación de tierras a la población beneficiaria no garantiza que la misma produzca. Es más, una vez adjudicada, – por aquello de vivir en el campo se traduce en un mal vivir y no en un “vivir sabroso”– el adjudicatario de la parcela suele “venderla” irregularmente a través de una carta venta.

Con el subsidio integral de arrendamiento de tierras, con un canon simbólico, se garantiza que la tierra produzca o que se rescinda el contrato si no produce. Ejemplos de esta índole hay varios: los contratos de derecho de uso de baldíos inadjudicables que suscribe la Agencia Nacional de Tierras en las Islas del Rosario o los ubicados dentro de áreas de reserva forestal.

Este artículo puede incomodar a algunos miembros del gobierno, particularmente a aquellos que están encerrados en las identidades políticas radicales del Pacto Histórico, es decir, aquellas que no cambian de opinión ni de posición. Pero mi  ánimo, desde el respeto, es contribuir a Colombia con la confianza que habrá oídos que oigan.

*Enrique Herrera Araújo. Abogado, especialista en Desarrollo Regional y magister artis en Gestión Pública, experto en tierras, agro y desarrollo rural. @enriqueha