Por: José Guillermo Claros Penna*
Quiera el Creador que el nuevo gobierno, que pronto elegiremos, capaz sea de transitar por las sendas de las buenas intenciones y las mejores acciones hacia la concreción de un verdadero sistema integrado de modernización; más, por cuanto los problemas de legitimidad que hoy enfrentamos son de suyo graves, puesto que las crisis de representatividad y legitimidad han surgido de una pésima actuación gubernamental y de la ineficacia de sus acciones; es decir, de la incapacidad para gobernar con efectividad, resolver los principales problemas que afectan nuestra vida cotidiana y hacerlo de manera correcta, toda vez que han irrespetado en mucho los derechos fundamentales y operando dentro de un marco de autoritarismo absoluto.
En atención a este panorama de desastre, el reto de la gestión pública nacional estriba, en gran medida, en transformar la operación de los sistemas administrativos que regulan la provisión de bienes públicos, la prestación de servicios, la construcción de obras y la generación de regulaciones; por lo que es clave a todas luces, no perder de vista que, mientras la mayoría de estos sistemas administrativos regulan recursos específicos o funciones delimitadas, tales como presupuesto, contabilidad o abastecimiento, el Sistema de Modernización no administra un recurso en sentido estricto; y en cambio, orienta, articula y transforma la forma en que el Estado se organiza para cumplir su papel esencial. Precisamente estos aspectos lo posicionan para desempeñar una función articuladora, integradora y transversal en toda la administración pública, misma que no se ha logrado ejercer efectivamente, dada la falta de un marco regulatorio profuso, como escasa coordinación efectiva, toda vez que cuentan con sus propias normativas, procesos, tiempos y lógicas de actuación, lo que no garantiza una articulación fluida al gestionar una organización pública.
Requerimos un proceso de gobernanza que los integre hacia objetivos comunes, como la agilidad en la gestión de las entidades públicas. Y, como tal, el resultado es una multiplicidad de esfuerzos y presupuestos duplicados, contradicciones normativas y una sobrecarga burocrática que obliga a las entidades a cumplir simultáneamente con requerimientos desconectados, sin ilación ni articulación entre sí. No existe tampoco un un programa presupuestal específico para la modernización, ni incentivos claros para las entidades que avancen en eficiencia, ni sanciones para aquellas que fallen en gestionar de manera eficiente y eficaz sus operaciones públicas. Las entidades quedan libradas a su propia capacidad e iniciativa, que en muchos casos resulta repetitiva debido a los reprocesos generados por cambios políticos y la alta rotación de personal.
Igualmente, no se ha implementado un sistema robusto de monitoreo que permita conocer en tiempo real qué funciona y qué no en la administración pública. Aunque los indicadores de una supuesta política nacional de modernización son numerosos, no están conectados a tableros de control accesibles para todos los niveles. La evaluación de impacto es prácticamente inexistente, y no se sistematizan lecciones aprendidas ni se difunden buenas prácticas de forma efectiva y escalable. Se adiciona a lo cual, que la alta rotación de funcionarios y autoridades políticas interrumpe procesos que requieren años para estructurarse e incluso madurar plenamente. Cada nueva gestión tiende a ñp que se denomina refundar las propuestas y apuestas previas, en lugar de consolidar los avances realizados. No existen mecanismos efectivos de transición que aseguren la continuidad institucional más allá de los ciclos electorales.
Bien sostienen expertos analistas y especialistas en modernización del Estado, que hasta que la modernización se trate como una política de Estado y no solo como un programa de gobierno, seguiremos atrapados en ciclos cortos de inicio e implementación, seguidos de desaceleración y reformulación ante cada nuevo cambio, lo que resulta supremamente costoso en un Estado como el nuestro, que poco o nada aprende de sus propios experimentos, repite errores sistemáticamente y desaprovecha innovaciones exitosas que quedan encapsuladas en entidades específicas, sin escalar, porque carecemos de mecanismos de aprendizaje organizacional sistémicos y transversales.
Repito, quiera el Creador que el nuevo gobierno que pronto elegiremos, comprenda esta urgencia y transite de buenas intenciones y acciones aisladas hacia la consolidación de un verdadero sistema integrado de modernización, que debe operar como una red articulada de capacidades que se refuercen mutuamente, haciendo posible la creación efectiva de valor público para los ciudadanos, lo que precisa de un enfoque de metagobernanza sistémica (o gobernanza de la gobernanza, enfocada en gestionar la complejidad de las redes interactivas de actores, combinando diversos modos de gobierno (jerarquía, mercado, redes) para coordinar, facilitar y orientar las acciones hacia objetivos comunes, como la sostenibilidad o el desarrollo, que se diferencia de la gobernanza tradicional al no depender únicamente del mando y control estatal, sino al adoptar un enfoque estratégico y reflexivo para organizar cómo se toman las decisiones en sistemas complejos.), que impulse ajustes estructurales en el marco de gestión institucional, ya que solo así será posible consolidar las capacidades construidas y asegurar la sostenibilidad de los procesos de modernización, más allá de los efímeros ciclos políticos gubernamentales.
*Profesional en Ciencias Militares. Administrador de Empresas. Abogado. Master en Derecho Público. Candidato a Doctor en Derecho. Columnista
