Por: Hernán Cortés Arboleda*

Legislar en derecho, es dar, hacer o establecer leyes. Es la función que ejercen los órganos del Estado, como el poder legislativo (el Congreso), para crear normas jurídicas que regulen la organización del Estado, sus instituciones y las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. Este proceso se realiza mediante un procedimiento formal y se manifiesta en forma de leyes, estatutos o reglamentos, con el objetivo de regular, prohibir o autorizar conductas. Eficiencia en derecho, es la capacidad de lograr un objetivo con el menor uso posible de recursos, ya sea en la administración de justicia, la elaboración de normas o el funcionamiento de los servicios públicos. Este principio implica un análisis de costo / beneficio para encontrar la opción más ventajosa y que maximice el bienestar social. Se distingue de la eficacia, que se limita a si se alcanza o no un objetivo. 

El trabajo legislativo, lo que será una de mis preocupaciones llegando al Senado de la República, tendrá entre sus objetivos analizar desde una mirada aplicada la importancia que, al momento de legislar, tiene la evaluación de las leyes en vigencia. En concreto me daré a la tarea de analizar la evaluación, por cierto, escasa, de la mano de modelos comparados que pueden realmente aportar, en lo que me ayudará una visión más teórica de la importancia de la evaluación legislativa y de las diversas formas de evaluación que suelen utilizarse, además de la experiencia comparada en otras latitudes con miras a observar la importancia que ocupa la evaluación al momento de legislar y discutir las políticas públicas; así mismo, adentrarme en la práctica legislativa de evaluación de leyes vigentes analizando algunas que han sido evaluadas por diversos medios y otras que carecen totalmente de evaluación, a efecto de poner énfasis en la importancia práctica de contar con herramientas de constante evaluación legislativa al momento de legislar para así avanzar a un proceso más eficiente de formación de la ley.

Relevante será siempre plantearse algunas ideas sobre la excelencia de evaluar las leyes vigentes para el adecuado trabajo legislativo desde una visión más aplicada, pero también crítica, del modo como se están evaluando las leyes hoy en nuestro país, ya que como se ha visto y se ve, la evaluación de las leyes en vigencia es un instrumento necesario para legislar con eficiencia. Un adecuado proceso de evaluación permitirá determinar si la ley cumple los objetivos originales, si requiere de algunos ajustes o si su aplicación genera más costos que beneficios, lo que es definitivamente determinante para la buena marcha de los Estados.

De igual manera, también permitirá avanzar en futuros perfeccionamientos y aprender de experiencias pasadas. Para llevar a cabo un proceso de evaluación de las leyes vigentes, como un mecanismo habitual y efectivo que incentiven un constante análisis crítico, desde variadas perspectivas, de la legislación vigente, el trabajo deberá presentar diversas opciones, en lo que ayudará soportarse en analizar con mayor detención las experiencias dadas universalmente a este tenor, en el que comisiones de expertos dependientes de sus respectivos  congresos las evalúan. Dichas comisiones, que son algunos de los mecanismos utilizados para el efecto, han sido creadas como un servicio público especializado destinado a ver si esas leyes se aplican o no, lo que lleva a concluir que bien dispuesto el propósito requerido, el proceso de evaluación de las leyes vigentes debe generar consistencia y efectividad, lo que es bueno para evitar desgastes innecesarios, así como para robustecer, impulsar y potenciar adecuadamente gobernabilidad, gobernanza y en fin, para todo cuanto ver tiene con la profundización del contexto y espectro democrático. 

*Dirigente Empresarial. Líder Social, Comunitario y de Derechos Humanos. Columnista