Por Dinhora Luz Sierra Peñalver*

En las esquinas donde la banca formal no llega, donde la legalidad se difumina con la necesidad, y donde la supervivencia se convierte en una forma de resistencia diaria, habitan miles, millones, de mujeres colombianas que no figuran en balances financieros ni en discursos tecnocráticos. No hacen parte de los cuadros macroeconómicos ni son nombradas en los planes de desarrollo; y, sin embargo, sostienen la vida, con sus cuerpos, con sus jornadas interminables, con sus silencios.

Son ellas, las mujeres cabeza de hogar, las vendedoras ambulantes, las recicladoras, las cuidadoras no reconocidas, las eternas endeudadas de la periferia. Mujeres que, para alimentar a sus hijos, para enviar a su hija a la escuela, para pagar un antibiótico, han tenido que hipotecar no solo su futuro, sino su paz mental, su cuerpo, su libertad.

La deuda, en sus vidas, no es una herramienta financiera. Es una condena.

En los barrios empinados marginados de Riohacha, en las comunas de Medellín, en las márgenes del río en Cali, en los sectores populares de Bogotá, la deuda es un idioma común. Un hilo que une a mujeres distintas, de acentos variados, pero de historias similares: todas han debido pedir prestado para sobrevivir. No por ambición, no por desmesura, sino porque el mercado se acabó, porque el salario nunca llegó, porque el sistema no las mira , y cuando lo hace, es para juzgarlas.

La violencia económica no estalla, se filtra; no golpea el rostro, pero coloniza el alma. Es silenciosa, pero tenaz; se manifiesta en la angustia de no poder pagar la cuota del día; en la humillación de ser increpadas públicamente por un cobrador; en el terror de que los “gota a gota” lleguen a cobrar con amenazas o con violencia real.

¿Y qué hace el Estado? ¿Qué hacen los bancos, los gobiernos, las instituciones financieras que se jactan de promover la inclusión económica?

La respuesta es cruelmente simple: nada; o hacen muy poco, pero tarde. Y, en todo caso, lo hacen desde el desconocimiento más arrogante. Porque para comprender la violencia económica que sufren las mujeres, hay que ir más allá de las cifras; hay que mirar a los ojos de una madre que, con el corazón hecho trizas, ha vendido su última olla para comprar leche; hay que entender que la pobreza tiene rostro de mujer, y que la deuda, en muchos casos, es la cadena con la que el sistema la mantiene de rodillas.

¿Qué puede ser más digno que cuidar la vida? ¿Qué más esencial que garantizar que un hijo coma, que un anciano reciba su medicina, que una familia no se hunda en la desesperación? Y sin embargo, cuidar, en Colombia, no tiene recompensa. No hay salario para la ternura, ni seguridad social para la preocupación materna. Cuidar es, paradójicamente, una de las tareas más esenciales y menos reconocidas del sistema económico.

Por eso, las mujeres cuidan y, para poder seguir cuidando, se endeudan. Se endeudan con cooperativas informales, vecinas, familiares, gota a gota. Se endeudan emocionalmente, incluso, sintiendo que es su responsabilidad, su destino, su cruz. Que su valor está ligado a cuánto puede aguantar. A cuánto puede ceder. A cuánto puede callar.

¿Es eso libertad? ¿Es eso igualdad?

El feminismo nos ha enseñado a identificar formas múltiples de violencia: física, psicológica, sexual. Pero la violencia económica, aunque menos visible, es igualmente devastadora. Es una violencia que estructura desigualdades, que define jerarquías, que impone silencios.

Es violento un sistema que castiga con intereses abusivos a quien ya sobrevive en la precariedad. Es violento obligar a una madre a elegir entre pagar una deuda o alimentar a su hijo. Es violento que una mujer que trabaja 12 horas al día no tenga acceso a crédito, ni a salud, ni a jubilación. Es violento que se exalte su “capacidad de aguante”, mientras se le niega lo básico para vivir con dignidad.

Y es también violencia, que sus historias no ocupen portadas, que sus rostros no figuren en las mesas de decisión, que sus voces no sean escuchadas con la misma seriedad con la que se escucha a un economista de corbata y doctorado.

Se ha vuelto común, y cómodo, romantizar la pobreza femenina bajo el disfraz de la resiliencia. Se habla de las mujeres como “luchadoras”, “emprendedoras”, “guerreras”; pero, detrás de esas etiquetas hay una verdad absurda: esa fuerza que tanto se elogia es, muchas veces, el resultado de una exclusión sistemática.

¿En qué momento comenzamos a aplaudir que una mujer se desgarre emocionalmente para poder sostener a su familia? ¿Cuándo convertimos la injusticia en virtud? ¿Desde cuándo ser fuerte es más valorado que vivir con dignidad?

¿Qué hacer con todo esto? No basta con denunciar. Hay que transformar.

La deuda como mecanismo de opresión exige respuestas urgentes y estructurales. Necesitamos políticas públicas que entiendan el cuidado como trabajo. Un sistema financiero que deje de castigar la informalidad con exclusión. Programas de renta básica orientados específicamente a mujeres cabeza de hogar. Educación financiera con enfoque de género. Cooperativas solidarias que reemplacen la usura por redes de apoyo.

Pero, sobre todo, necesitamos una sociedad que deje de naturalizar la desigualdad como si fuera destino. Que escuche. Que mire. Que sienta. Que entienda que una mujer endeudada no es una fracasada, ni una irresponsable, ni una víctima pasiva. Es, muchas veces, una heroína trágica de un sistema profundamente injusto.

Este humilde artículo no puede terminar con una solución fácil, porque no la hay. Pero sí puede terminar con una pregunta incómoda, y quizás, necesaria:

¿Cuánto más vamos a esperar para dejar de exigirle a las mujeres que sobrevivan, y empezar a construir un país donde, simplemente, puedan vivir? 

*Abogada. Analista. Columnista