Por: Blaicer Moreno Córdoba*
El bien común, es el conjunto de condiciones sociales que permiten y favorecen en los seres humanos el desarrollo integral de todos y cada uno de los miembros de la comunidad, lo mismo que dinamiza el desenvolvimiento de un orden social justo que armoniza los aspectos individuales y sociales de la vida humana. Bienes de lo común son aquellos de acceso universal, de gestión democrática, cuyo uso se sostiene en el tiempo y que es de titularidad colectiva. Por lo tanto, un bien común no es un bien privado ni un bien público. Esta diferenciación es importante puesto que la propiedad privada se basa en la capacidad de unos individuos frente a otros de excluir del uso, o del beneficio, a unos determinados recursos, mientras la propiedad pública sitúa en el ámbito de los gobiernos la gestión y la decisión de quien tiene acceso a los bienes.
Preciso es para hablar con propiedad del bien común, acotar ciertos matices y desde luego será difícil hacerlo correctamente sin tener en cuenta también los bienes de lo común. Entre los muchos sentidos que se ha dado al término bien común tenemos diferentes enfoques desde los campos de la política, la filosofía social, el derecho y también la economía. En general podemos decir que se trata de algo que es beneficioso para toda la comunidad o para la sociedad en su conjunto. Se entiende que responde al interés público en contraposición al bien privado e interés particular; por esa razón entiendo que difícilmente se puede hablar de bien común sin tener en cuenta el uso que se haga de los bienes comunes porque existen entre ambos conceptos muchas ligazones, sobre todo cuando entra en juego la economía y el paradigma en el que se desarrolle y los poderes que la controlen.
Con el concepto de bien común se ha relacionado a lo largo de la historia a los bienes materiales e inmateriales que no se circunscriben a una persona, sino que se remiten a todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Desde la óptica de la economía, se lo deriva a la referencia de la legislación y las normas sociales que a través de ella se puedan imponer a los ciudadanos en una economía de mercado, en la que el consumidor es casi siempre la víctima de quienes esquilman los bienes comunes y no el sujeto del bien común como tal. Las teorías económicas no dan una verdadera respuesta ética ni eficaz a los principios del bien común y al uso de los bienes del común.
Desde el punto de vista del derecho, no puede escapar a los Principios Generales del Derecho y los Derechos Humanos y ha de responder a las condiciones sociales de Justicia, Paz y Libertad, a las que no ha de faltar el acceso al conjunto de bienes materiales, educativos y éticos y la equidad en su reparto. Actualmente las consecuencias políticas, sociológicas y culturales están generando un profundo malestar frente al aumento de las distancias sociales, la injusticia, el desempleo, destrucción de la naturaleza y abusos de poder que generan desequilibrios, protestas y movilizaciones sociales en diferentes puntos del mundo.
Uno de los mayores ataques al bien común es el uso y apropiación ilegal e ilícita de los bienes comunes, que son explotados y/o destruidos por intereses privados de corporaciones empresariales y fondos buitres, para su único beneficio económico, esquilmando recursos escasos que pertenecen a una comunidad, un país, o a la humanidad entera, destrozando ecosistemas, contaminando el suelo, el aire y el agua, provocando el cambio climático y poniendo en peligro la salud de las personas y la vida en orbe.
Indican lo dicho, qué bajo ninguna circunstancia debe ser dable permitirle a la empresa privada contaminar suelo, ríos, mares, océanos, lagunas, lagos, aire, acuíferos y demás otras riquezas naturales que pertenecen a la humanidad toda incluida flora y fauna, se los apropien en su propio beneficio o implantando construcciones muchas veces de manera indiscriminada, sin informes medioambientales previos ni evaluación de consecuencias en zonas protegidas o de alto valor paisajístico, lo que es injustificable. Tampoco que un gobierno legalice ilícitamente apropiamientos de bienes comunes de la comunidad que tiene obligación de defender. No se debe justificar, apoyar y destinar dinero público a proyectos privados que se apropien de bienes comunes y los devuelvan contaminados alterando la forma de vida de una comunidad, destruyendo economía, medioambiente, biodiversidad y especies protegidas; efectos negativos todos en detrimento de la comunidad en su conjunto, por lo que consigna y tarea es y será siempre protegernos defendiendo y protegiendo a ultranza nuestro medioambiente.
*Administrador de Empresas. Conferencista. Columnista. Asesor y Consultor Político
