Por: Juvenal Infante*
No sobra dedicar un espacio adicional al análisis del «salario vital» y la deriva tributaria impuesta por el gobierno; la gravedad del rumbo económico actual no admite callar ni dejar pasar. Definitivamente, más que un ajuste de cifras, la reciente fijación del salario mínimo por decreto representa una ruptura institucional que se mofa de nuestra estabilidad. Fue una medida revanchista, destinada a descarrilar la buena marcha de la economía bajo el eufemismo de justicia social.
Esta decisión se enmarca en una anatomía del gasto que se revela nítida al observar el contraste regional. Argentina cuenta hoy con un economista de primer nivel dirigiendo una nación que encontró desbaratada. Javier Milei aplicó principios estrictos con resultados benéficos en tiempo récord: redujo de 18 a 9 los ministerios y sinceró precios de energía y transporte, eliminando subsidios militantes que asfixiaban el tesoro y condenaban al beneficiario a la inmovilidad social, sustituyendo el trabajo por la lealtad política. Ahora, allí se busca la eficiencia; aquí, prevalece un populismo que gasta la ideología para asegurar un caudal político desorientado por la frágil ingenuidad de sus bases.
Mientras la «motosierra» argentina consolidó un superávit financiero, Colombia inicia 2026 bajo la sombra del Decreto 1474 y una Emergencia Económica para financiar un presupuesto quebrado. Este decreto, que pretende centralizar recursos bajo un control absoluto, ha encontrado una muralla de sensatez en la Federación Nacional de Departamentos; los gobernadores se oponen tajantemente a que la autonomía territorial sea sacrificada en el altar de un centralismo ineficiente. El diagnóstico de ANIF es desolador: un déficit fiscal del -7,0% del PIB mientras se abusa de «cláusulas de escape» para ignorar la Regla Fiscal.
La retórica oficial intenta disimular esta improvisación buscando pedigrí académico en nombres como Joseph Stiglitz, quien alude al salario mínimo en países industrializados para calzar recetas de Nueva Jersey en la realidad del caficultor de Florencia, quien trabaja en posicionar la alta calidad de su café amazónico con poca o ninguna ayuda del Estado.
Sin embargo, al ignorar el tripartismo que promueve la OIT y el Convenio 131 -el cual exige que la fijación de salarios sea el resultado de una decisión consensuada entre trabajadores, empleadores y un gobierno que actúe como árbitro-, el Ejecutivo violenta el diálogo social como requisito esencial para la paz laboral. No tiene en cuenta que estas negociaciones no son opcionales, sino mandatos técnicos. Es una desconexión tal que, mientras el aumento salarial aviva una inflación que el Banco de la República no contiene, dado el “incendio” fiscal provocado por el Gobierno, el país enfrenta riesgos de racionamiento y una dependencia de gas importado que encarece la canasta básica.
Al actuar desde un resentimiento visceral frente al empresariado, ignorando sus circunstancias de crecimiento, el Gobierno dispara contra el propio asalariado. Debilitar la fuente de empleo es condenar al trabajador a la precariedad. Este dardo de la obsoleta lucha de clases golpea directamente a profesionales como médicos, arquitectos y comunicadores, cuyos ahorros se diluyen ante el alza real de los precios.
Lo que el país espera de un nuevo gobierno es que se conduzca buscando mejores empleos, reforzando al sector productivo privado, único motor de crecimiento real. Colombia no requiere necesariamente un Milei en persona, pero sí un presidente serio, curtido en la experiencia y de talla internacional que maneje las finanzas públicas con absoluta idoneidad, priorizando la técnica y el respeto por quien genera riqueza sobre el capricho ideológico. Más experiencia que apariencia.
*Economista. Analista Internacional
